Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe

250 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
En distintos foros de gobernanza mundial, se toma como punto de
partida el término gobernanza entendido como la capacidad del Estado, en
cuanto poder legítimo y con autoridad, para gobernar y tomar decisiones en
favor del bien común. Sin embargo, la gobernanza va más allá, en la medida
en que nutre a las instituciones con la capacidad y la intención de interactuar
en un cambio de paradigma en la relación del Estado con los mercados y
con la sociedad civil. Una gobernanza fortalecida requiere un cambio en la
concepción sobre el papel que deben desempeñar el gobierno y el Estado
como puntos de referencia de la organización política e institucional de los
países, en la medida en que gobernanza es sinónimo de buen gobierno. En
definitiva, es el buen gobierno del sistema de relaciones que interactúan en
el desenvolvimiento de la actividad, de una manera amplia. No se trata de
acaparar, sino de construir sinergias y en este sentido también las empresas
y la sociedad tienen mucho que decir.
Una adecuada gestión de los recursos naturales está basada en lograr
beneficios mutuos para los tres principales actores involucrados en las
actividades ligadas a los recursos naturales (Estado, mercado y sociedad)
y se constituye a través de mecanismos de transparencia e información
pública sobre la percepción, gestión y distribución de los recursos naturales
y las rentas obtenidas de estos. Hoy, la región no está todavía en ese punto.
Si bien estos mecanismos están más presentes que antes en las actividades
extractivas, en muchos países la implementación de dichos mecanismos y
la legislación sobre ellos no han llegado a ser del todo las más apropiadas.
Fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para resolver
y gestionar eficazmente el creciente número de conflictos económicos,
sociales, ambientales y laborales asociados al desarrollo de los sectores
extractivos, fomentar la consulta previa y la aprobación formal por parte de
las comunidades involucradas y promover buenas prácticas antes, durante
y después de la realización de los proyectos son elementos cruciales para
alcanzar el verdadero y necesario desarrollo inclusivo que demanda América
Latina y el Caribe.
Por supuesto, el punto de partida de cualquier esfuerzo debe ser una
explotación de los recursos naturales responsable, en el sentido de aplicar
buenas prácticas, con sólidas políticas y leyes que prioricen el respeto de
las poblaciones asociadas a los proyectos extractivos y la preservación de
la naturaleza, en particular de los factores más sensibles relacionados con
las actividades productivas de las comunidades locales, particularmente en
relación con el agua, el suelo y el entorno natural. La visión que se necesita
hoy para la gestión de los recursos naturales en América Latina y el Caribe
pasa por la incorporación de una concepción que articule el crecimiento con
el cambio estructural para la igualdad, a través de acuerdos entre los países
involucrados en las metas de cambio. Asimismo, dicha gobernanza deberá