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AMNISTÍA INTERNACIONAL

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custodia durante varias semanas antes de<br />

quedar en libertad. A 21 estudiantes que<br />

presuntamente se habían manifestado se les<br />

prohibió matricularse en la universidad<br />

durante cinco años. En agosto, la universidad<br />

decidió invalidar el año académico a todo el<br />

alumnado de la facultad en la que estudiaba<br />

la mayor parte de los manifestantes. En<br />

octubre, el Consejo de Ministros prohibió<br />

todas las actividades de las asociaciones de<br />

estudiantes en los recintos universitarios.<br />

En noviembre, la Alta Autoridad de Medios<br />

Audiovisuales y Comunicación tomó la<br />

decisión arbitraria de clausurar siete medios<br />

de comunicación privados.<br />

HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS<br />

En enero, el cabo Mohamed Dangou murió<br />

por los disparos efectuados por un miembro<br />

de los servicios de seguridad en un<br />

campamento militar de Cotonú. Según un<br />

testigo presencial, estaba desarmado.<br />

Mohamed Dangou iba a ser detenido en el<br />

marco de una investigación sobre una<br />

protesta celebrada con otros militares que<br />

prestaban servicio en Costa de Marfil y<br />

pedían el pago de complementos. En julio, el<br />

Tribunal Constitucional resolvió que las<br />

fuerzas armadas habían violado el derecho a<br />

la vida de Mohamed Dangou.<br />

CONDICIONES DE RECLUSIÓN<br />

El Subcomité de la ONU para la Prevención<br />

de la Tortura realizó en enero una visita no<br />

anunciada a Benín. Concluyó que los centros<br />

de detención presentaban “condiciones de<br />

hacinamiento y carecían de una dotación<br />

adecuada de personal y otros recursos”. En<br />

septiembre, la prisión de Cotonú albergaba a<br />

1.137 reclusos, pese a que su capacidad<br />

máxima era de 500.<br />

En junio, la Asamblea Nacional aprobó<br />

una ley sobre servicios comunitarios que<br />

podría utilizarse para reducir el hacinamiento<br />

en las cárceles mediante la sustitución de la<br />

detención por penas no privativas de libertad.<br />

DERECHOS DE LA INFANCIA<br />

En febrero, el Comité de los Derechos del<br />

Niño de la ONU publicó sus observaciones<br />

finales sobre Benín, en las que expresaba su<br />

preocupación por el infanticidio de niños y<br />

niñas nacidos con discapacidad y la<br />

persistencia de prácticas tradicionales<br />

nocivas tales como el aumento de la<br />

mutilación genital femenina y el matrimonio<br />

forzado y precoz. El Comité destacó el alto<br />

índice de niñas que morían a causa de<br />

abortos ilegales, y pidió que se garantizara el<br />

derecho de las niñas a la educación, a la<br />

información y al acceso a productos<br />

anticonceptivos de calidad.<br />

PENA DE MUERTE<br />

En enero, el Tribunal Constitucional suprimió<br />

la pena de muerte en una sentencia que<br />

establecía que ya nadie podía ser condenado<br />

a la pena capital. El gobierno todavía no<br />

había adoptado leyes que eliminaran la pena<br />

de muerte de la legislación nacional.<br />

BIELORRUSIA<br />

República de Bielorrusia<br />

Jefe del Estado: Alexander Lukashenko<br />

Jefe del gobierno: Andrei Kobyakov<br />

Continuaron aplicándose severas<br />

restricciones al derecho a la libertad de<br />

expresión, de asociación y de reunión<br />

pacífica. El gobierno continuó rehusando<br />

cooperar con el relator especial de la ONU<br />

sobre la situación de los derechos humanos<br />

en Bielorrusia. Al menos cuatro personas<br />

fueron ejecutadas y otras cuatro fueron<br />

condenadas a muerte.<br />

INFORMACIÓN GENERAL<br />

El 28 de febrero, la UE levantó todas sus<br />

sanciones a personas y entidades de<br />

Bielorrusia, excepto las impuestas a cuatro<br />

ex funcionarios sospechosos de participar en<br />

desapariciones forzadas cometidas en 1999<br />

y 2000.<br />

El 1 de julio, el gobierno redenominó el<br />

rublo bielorruso eliminando cuatro ceros,<br />

entre otras medidas, en respuesta al<br />

incesante hundimiento de la economía,<br />

104 Informe 2016/17 Amnistía Internacional

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