AMNISTÍA INTERNACIONAL

ealizados en la asistencia letrada gratuita.
Los delitos de odio aumentaron de forma
considerable tras aprobarse en referéndum
la salida de Reino Unido de la UE.
NOVEDADES JURÍDICAS,
CONSTITUCIONALES E
INSTITUCIONALES SOBRE LA UE
En junio, la mayoría del electorado de Reino
Unido y Gibraltar votó en referéndum a favor
de salir de la UE.
Aunque la nueva ministra de Justicia
anunció en agosto que el gobierno tenía
intención de continuar con sus planes de
sustituir la Ley de Derechos Humanos (que
incorporaba a la legislación nacional el
Convenio Europeo de Derechos Humanos)
por una Carta de Derechos británica, al
terminar el año el fiscal general sugirió que
las medidas concretas se aplazarían hasta
que se hubiera completado el proceso del
referéndum sobre la UE.
SISTEMA DE JUSTICIA
Se intensificaron los llamamientos en favor
de una revisión de los recortes en la
asistencia letrada gratuita aprobados en
virtud de la Ley sobre Sentencias, Penas y
Asistencia Letrada Gratuita al Delincuente, de
2012; la demanda de revisión se basaba en
las consecuencias negativas de los recortes
para las personas indefensas y marginadas
en diversos contextos, como investigaciones,
inmigración, asistencia social, familia y
vivienda. 1 Como demostraban los datos
estadísticos oficiales publicados en junio por
el Organismo de Asistencia Jurídica Gratuita,
la asistencia letrada gratuita en las causas
civiles se había reducido a un tercio respecto
a los índices registrados con anterioridad a la
promulgación de esta ley. En julio, el Comité
de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de la ONU pidió al gobierno que
reevaluara los efectos de las reformas del
sistema de asistencia letrada gratuita. El
gobierno no ordenó una revisión.
SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
Continuaban suscitando preocupación los
poderes aplicables en materia de lucha
antiterrorista y las iniciativas políticas conexas
contra el “extremismo”.
Definición del terrorismo
A pesar de que un tribunal de apelación
había dictado en enero una sentencia que
restringía la definición del terrorismo, y a
pesar de las críticas recurrentes del
examinador independiente de la legislación
antiterrorista sobre la excesiva amplitud de la
definición del terrorismo en la ley, la ministra
del Interior confirmó en octubre que el
gobierno no tenía intención de modificarla.
Controles administrativos
En noviembre, el Parlamento aprobó una
prórroga de cinco años de la Ley sobre
Medidas de Investigación y Prevención del
Terrorismo, de 2011. Tales medidas
consistían en restricciones administrativas
impuestas por el gobierno a personas
sospechosas de participar en actividades
relacionadas con el terrorismo.
En su informe anual, publicado en
noviembre, el examinador independiente
documentó que las nuevas facultades para
prohibir viajar a presuntos “combatientes
terroristas extranjeros” se habían ejercido en
24 ocasiones en 2015 y que las facultades
preexistentes para retirar el pasaporte a
personas de ciudadanía británica se habían
ejercido en 23 ocasiones, pero que la
facultad de no admitir temporalmente a
“combatientes terroristas extranjeros”
retornados, existente desde 2015, no se
había ejercido.
Política “contra el extremismo”
En mayo se anunciaron planes para elaborar
un proyecto de ley de garantías y lucha
contra el extremismo, pero al final del año no
se había presentado ninguna propuesta
legislativa concreta.
La investigación realizada por varias ONG
sobre el “deber de prevenir” —la obligación
364 Informe 2016/17 Amnistía Internacional