AMNISTÍA INTERNACIONAL

patrocinio laboral (kafala) y no podían ejercer
los derechos asociados a la negociación
colectiva. Los sindicatos seguían estando
prohibidos, y los trabajadores y trabajadoras
migrantes que participaban en huelgas
podían ser expulsados, con la prohibición
durante un año de regresar a Emiratos
Árabes Unidos.
En enero entraron en vigor los decretos
ministeriales 764, 765 y 767 de 2015, que
según el gobierno estaban destinados a
abordar algunos abusos contra la población
trabajadora migrante, como la arraigada
práctica de la sustitución de contratos, en la
que los empleadores exigían a los
trabajadores y trabajadoras migrantes a su
llegada a Emiratos Árabes Unidos que
firmaran un nuevo contrato con salarios
reducidos.
Los decretos no se aplicaban a las
personas que trabajaban en el servicio
doméstico, en su mayoría mujeres
procedentes de Asia y África, que quedaban
expresamente excluidas de la protección de
la legislación laboral y especialmente
expuestas a sufrir explotación y abusos
graves, como trabajo forzoso y trata de
personas.
PENA DE MUERTE
Los tribunales impusieron condenas a
muerte. No se tuvo constancia de ninguna
ejecución. La Ley 7/2016, sobre protección
de datos y expresión, amplió la aplicabilidad
de la pena de muerte.
ERITREA
Estado de Eritrea
Jefe del Estado y del gobierno: Isaias Afewerki
Continuaban abandonando el país miles de
personas, muchas de ellas escapando del
servicio nacional indefinido. El derecho a
salir del país continuaba restringido. Se
mantenían las restricciones al derecho a la
libertad de expresión y de religión. Las
fuerzas de seguridad llevaron a cabo
homicidios ilegítimos. La detención
arbitraria sin cargos ni juicio seguía siendo
la norma para miles de presos y presas de
conciencia.
INFORMACIÓN GENERAL
El cambio de moneda afectó al sustento de
las familias. En aplicación de normativas
gubernamentales, la cantidad mensual que
se podía retirar de las cuentas bancarias
personales estaba limitada a 5.000 nafkas
(unos 290 dólares estadounidenses).
Entre el 12 y el 14 de junio estallaron
enfrentamientos entre las fuerzas armadas
de Eritrea y Etiopía en los que, según la
información recibida, murieron cientos de
combatientes. Ambos gobiernos se acusaron
mutuamente de haber provocado el conflicto.
Las relaciones entre los dos países eran
tensas desde que Etiopía solicitara
negociaciones antes de aplicar la decisión de
la Comisión de Fronteras entre Etiopía y
Eritrea.
TRABAJO FORZOSO: EL SERVICIO
NACIONAL
El servicio nacional obligatorio seguía
prorrogándose de forma indefinida a pesar
de que en 2014 el gobierno había prometido
acabar con el sistema de servicio ilimitado.
Un número importante de personas
permanecían reclutadas por el servicio
nacional de forma indefinida, algunas de
ellas desde hacía hasta 20 años. Aunque la
ley fijaba la edad mínima de reclutamiento en
18 años, en la práctica se seguía sometiendo
a niños y niñas a instrucción militar con el
requisito de que debían cursar el duodécimo
año de enseñanza secundaria en el
campamento de instrucción del servicio
nacional de Sawa. Todas esas personas
soportaban allí duras condiciones de vida,
eran sometidas a una disciplina de carácter
militar y recibían adiestramiento en el manejo
de armas. El 48% de las 14.000 personas
que terminaron la educación del
campamento en julio eran mujeres que
sufrían tratos especialmente duros, como
esclavitud sexual, tortura y otros abusos
sexuales.
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 177