AMNISTÍA INTERNACIONAL

amenazas del inspector general de la policía
de Namibia. El Grupo apoyaba a los
detenidos absueltos. Según informes, Retief
Kangongo había solicitado asilo en Botsuana.
En agosto, el Tribunal Supremo falló a
favor de Boster Mubuyaeta Samuele, uno de
los detenidos de Caprivi. Éste había huido a
Botsuana y, en diciembre de 2002, había
sido secuestrado por fuerzas de seguridad de
Namibia en Botsuana y trasladado a Namibia
para ser juzgado. Una vez en Namibia, pasó
13 años en prisión. Boster Mubuyaeta
Samuele alegó con éxito que los tribunales
de Namibia no tenían competencia para
enjuiciarlo ya que los agentes namibios
habían violado el derecho internacional al
secuestrarlo y recluirlo arbitrariamente.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El 15 de abril, las fuerzas de seguridad de
Namibia detuvieron durante un breve periodo
a dos periodistas japoneses que trabajaban
para el grupo de televisión japonés Asahi
poco después de que hubieran entrevistado
a la viceprimera ministra Netumbo Nandi-
Ndaitwah en el aeropuerto internacional
Hosea Kutako. La entrevista a la viceprimera
ministra había versado sobre una fábrica de
municiones que estaba siendo construida en
Namibia por nacionales de la República
Popular Democrática de Corea (Corea del
Norte). Las fuerzas de seguridad namibias
confiscaron las cámaras y ordenadores
portátiles de los dos periodistas.
VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
La violencia de género contra mujeres y
niñas, incluida la violación, seguía estando
muy extendida al no abordar el gobierno el
problema de manera adecuada.
Por ejemplo, el 20 de junio, Janet Haoes
fue estrangulada con un cable eléctrico,
apuñalada varias veces y golpeada con un
martillo por su pareja en el suburbio de
Otjomuise, en la capital, Windhoek. El 26 de
agosto se encontró el cuerpo sin vida de
Rosina Gaoses, que estaba embarazada, en
el lecho de un río en el suburbio de Dolam,
en Windhoek. El cadáver presentaba signos
de que la mujer había sido violada antes de
ser asesinada.
Si bien la policía de Namibia abrió algunas
investigaciones sobre casos de violencia de
género, las medidas destinadas a erradicar la
violencia contra las mujeres y las niñas
seguían siendo inadecuadas.
NAURU
República de Nauru
Jefe del Estado y del gobierno: Baron Waqa
La Ley Penal de 2016 contenía
disposiciones que protegían los derechos
humanos, pero no se aplicó de forma
adecuada. Seguía preocupando la negación
de los derechos a la libertad de expresión,
de reunión pacífica y de circulación, así
como de acceso al país de medios de
comunicación extranjeros. Se suspendieron
los pasaportes de varios ex parlamentarios.
Centenares de personas refugiadas y
solicitantes de asilo continuaron recluidas
en un centro de Nauru, mientras que otras
vivían en la comunidad, en virtud del
acuerdo sobre el traslado de personas al
que el país había llegado con Australia. En
mayo se derogó la pena de muerte para
todos los delitos.
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
La Ley Penal de 2016, que entró en vigor en
mayo, despenalizaba las relaciones sexuales
entre personas del mismo sexo y los abortos
practicados por profesionales de la medicina,
mientras que tipificaba como delito la
violación conyugal. Sin embargo, las
autoridades no tomaron medidas para aplicar
esta ley en defensa de las mujeres y las niñas
frente a la violencia de género, ni para
garantizar su acceso a información y
servicios de salud sexual. Esto afectó sobre
todo a las que vivían en lugares remotos o en
comunidades marginadas.
Además, la Ley penalizaba la compraventa
de servicios sexuales, lo que impedía a las
324 Informe 2016/17 Amnistía Internacional