AMNISTÍA INTERNACIONAL

año dio lugar a una fuerte disminución de la
violencia relacionada con el combate que
afectaba a la población civil. No obstante, las
comunidades indígenas, afrodescendientes y
campesinas, particularmente las que
habitaban en zonas de interés para los
sectores agroindustrial, minero y de
infraestructuras, continuaban haciendo
frente a abusos y violaciones de derechos
humanos.
En agosto, cuatro miembros del pueblo
indígena awá murieron por disparos de
hombres armados no identificados en tres
ataques distintos en el departamento de
Nariño. Entre las víctimas se encontraba
Camilo Roberto Taicús Bisbicús, líder del
resguardo indígena de Hojal La Turbia, en el
municipio de Tumaco.
En marzo, más de 6.000 personas, en su
mayoría pertenecientes a comunidades
indígenas y afrodescendientes, fueron
desplazadas a la fuerza de tres zonas
fluviales en el departamento del Chocó a
causa de los enfrentamientos entre grupos
armados.
FUERZAS DE SEGURIDAD
Se recibieron denuncias de homicidios
ilegítimos cometidos por las fuerzas de
seguridad, así como denuncias de uso
excesivo de la fuerza, especialmente por
parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD), durante protestas. 5
El 29 de febrero, unos soldados mataron al
campesino Gilberto de Jesús Quintero en la
vereda de Tesorito, municipio de Tarazá, en
el departamento de Antioquia. En un primer
momento, el ejército afirmó que se trataba de
un guerrillero del ELN muerto en combate.
Sin embargo, varios testigos sostenían haber
visto a los soldados intentar vestir el cadáver
con uniforme militar de combate, y el ejército
afirmó posteriormente que el homicidio había
sido un error militar.
Las investigaciones penales sobre las
ejecuciones extrajudiciales que implicaban a
miembros de las fuerzas de seguridad
avanzaron con lentitud. Un informe de la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional
publicado en noviembre afirmaba que, hasta
julio, la Fiscalía General de la Nación estaba
investigando 4.190 ejecuciones
extrajudiciales. Hasta febrero se habían
dictado un total de 961 sentencias
condenatorias, de las que sólo unas pocas
implicaban a oficiales de alto rango. Según
un informe publicado en marzo por la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, al concluir
2015, 7.773 miembros de las fuerzas de
seguridad estaban siendo investigados por
ejecuciones extrajudiciales. En noviembre,
un juez dictó sentencias condenatorias
contra más de una docena de miembros del
ejército por el homicidio ilegítimo de cinco
hombres jóvenes de Soacha, departamento
de Cundinamarca, cometido en 2008.
ABUSOS COMETIDOS POR GRUPOS
ARMADOS
Grupos guerrilleros
El ELN y las FARC siguieron cometiendo
abusos contra los derechos humanos,
aunque los casos atribuibles a las FARC
disminuyeron con el avance del proceso de
paz.
Hubo amenazas de muerte contra líderes
y lideresas indígenas y periodistas. Por
ejemplo, en junio, un hombre que afirmaba
pertenecer al ELN telefoneó a María Beatriz
Vivas Yacuechime, lideresa del Consejo
Regional Indígena del Huila, y amenazó con
matarla a ella y a su familia. En julio, el
periodista Diego D’Pablos y el camarógrafo
Carlos Melo recibieron mensajes con
amenazas de muerte de alguien que
afirmaba ser miembro del ELN. Ambos, junto
con su compañera periodista Salud
Hernández-Mora, habían sido secuestrados
por el ELN en la región septentrional de
Catatumbo ese mismo año. 6
El 24 de marzo, dos hombres que
afirmaban ser miembros de las FARC
llamaron a la casa del líder indígena Andrés
Almendras, en la vereda Laguna-Siberia del
municipio de Caldono, en el departamento
del Cauca. Andrés Almendras no se hallaba
en su domicilio en ese momento, así que los
hombres preguntaron a su hija dónde estaba
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 149