AMNISTÍA INTERNACIONAL

nocivos. La decisión del gobierno de
desplegar el sistema antimisiles THAAD
(Defensa de Área a Gran Altitud contra
Misiles en Fase Terminal), de fabricación
estadounidense, provocó la enérgica
oposición de grupos surcoreanos, y la
condena de China y Corea del Norte.
El Parlamento aprobó en votación la
destitución de la presidenta Park Geun-hye
el 9 de diciembre, decisión que el Tribunal
Constitucional debía confirmar.
LIBERTAD DE REUNIÓN
Las autoridades siguieron restringiendo el
ejercicio del derecho a la libertad de reunión
pacífica, a menudo con el pretexto de
proteger el orden público. Al concluir el año,
no habían completado aún la investigación
sobre el uso excesivo de la fuerza por parte
de la policía contra manifestantes, en su
mayoría pacíficos, durante la “Concentración
Popular” de noviembre de 2015, ni habían
hecho rendir cuentas a ninguno de los
agentes y autoridades de mando
responsables. El 25 de septiembre, tras
pasar 10 meses en coma, murió el veterano
activista rural Baek Nam-gi, que había
resultado gravemente herido por un cañón
de agua durante las manifestaciones. 1
La tardanza en la investigación de los
hechos que provocaron las lesiones sufridas
por Baek Nam-gi contrastó clamorosamente
con la condena contra Han Sang-gyun,
presidente de la Confederación Coreana de
Sindicatos, que había participado en la
organización de varias manifestaciones,
incluida la participación de los sindicatos en
la “Concentración Popular”. Han Sang-gyun
fue condenado el 4 de julio a cinco años de
prisión por diversos cargos, entre ellos el de
haber incitado a un reducido número de
manifestantes a cometer actos ilegales
durante las manifestaciones, en su mayoría
pacíficas. Su condena se redujo a tres años
en apelación el 13 de diciembre. 2
La Armada coreana presentó una
demanda civil contra 116 personas y 5
grupos que habían participado en protestas
contra la construcción de una base naval en
la isla de Jeju. La medida fue interpretada
por los críticos del gobierno como otra
maniobra para limitar la libertad de reunión.
En marzo, la Armada pidió 3.400 millones de
wones surcoreanos (2,9 millones de dólares
estadounidenses) en concepto de
indemnización por las pérdidas sufridas a
causa de los retrasos en la construcción de la
base, en teoría debido a las protestas que se
venían celebrando desde hacía ocho años.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En marzo, la Asamblea Nacional aprobó una
ley antiterrorista que la oposición había
bloqueado durante nueve días por considerar
que se prestaba a abusos, pues ampliaba en
gran medida las facultades del Estado para
vigilar las comunicaciones y recopilar
información personal sobre personas
sospechosas de vinculación con el
terrorismo.
Las autoridades recortaron la libertad de
prensa, interfiriendo cada vez más en la labor
periodística, sobre todo en las cadenas de
televisión. En julio, el Sindicato Nacional de
Profesionales de los Medios de
Comunicación denunció una serie de tácticas
empleadas por el gobierno para influir en la
cobertura informativa, como introducir a
personas afines a él en las juntas directivas
de influyentes medios de comunicación
públicos, o emprender acciones
disciplinarias contra determinados
periodistas, a modo de advertencia a los
demás. Estas tácticas resultaron evidentes en
la cobertura informativa del accidente del
transbordador Sewol, ocurrido en 2014, y en
las noticias sobre la polémica desatada en
torno al sistema de defensa antimisiles
THAAD (Defensa de Área a Gran Altitud
contra Misiles en Fase Terminal).
Las autoridades siguieron utilizando la
imprecisa Ley de Seguridad Nacional para
intimidar y encarcelar a personas que
ejercían su derecho a la libertad de
expresión. Entre las personas detenidas por
presuntas violaciones de esta ley figuraban
miembros de la Alianza Coreana para la
Reunificación Independiente y la Democracia
(CAIRD), que se vio obligada a disolverse por
las reiteradas operaciones de represión. Kim
156 Informe 2016/17 Amnistía Internacional