AMNISTÍA INTERNACIONAL

difamado a funcionarios locales y
desprestigiado a Uzbekistán.
TRABAJO FORZOSO
En la industria del algodón se utilizaba mano
de obra forzada. Las organizaciones
internacionales calculaban que las
autoridades obligaban a más de un millón de
empleados y empleadas del sector público a
trabajar en la preparación de los campos de
algodón en primavera y la recolección de la
cosecha en el otoño. Según el Índice Global
de Esclavitud de 2016, Uzbekistán ocupaba
el segundo puesto a escala mundial entre los
mayores empleadores de esclavos modernos.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: DEFENSORES
Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Los derechos a la libertad de expresión y de
asociación siguieron estando fuertemente
restringidos.
Se detuvo y registró repetidamente a
activistas que intentaban documentar el uso
de mano de obra forzada en los campos de
algodón.
El 8 de octubre, agentes de la policía y del
Servicio de Seguridad Nacional detuvieron a
Elena Urlaeva, máxima responsable de la
ONG independiente Alianza de Defensores
de los Derechos Humanos de Uzbekistán, al
fotógrafo independiente Timur Karpov y a dos
activistas franceses en el distrito de Buk,
región de Tashkent. Los cuatro estaban
entrevistando a personal médico y a
docentes enviados a trabajar a los campos de
algodón. Elena Urlaeva informó de que un
grupo de mujeres la había conducido hasta
una sala de interrogatorios de la comisaría de
policía de Buk, y que dos de ellas la habían
agarrado del pelo, le habían dado puñetazos
y la habían insultado. Los agentes de policía
no hicieron nada para detenerlas; al
contrario, amenazaron a Elena Urlaeva y se
negaron a proporcionarle asistencia médica.
Al cabo de seis horas, la dejaron marchar sin
cargos. Timur Karpov permaneció detenido
10 horas y recibió amenazas, además de
serle confiscado el equipo de grabación y el
material documental.
1. Fast-track to torture. Abductions and forcible returns from Russia to
Uzbekistan (EUR 62/3740/2016)
VENEZUELA
República Bolivariana de Venezuela
Jefe del Estado y del gobierno: Nicolás Maduro Moros
El gobierno declaró el estado de excepción
y lo prorrogó cuatro veces. La mayoría de
las personas sospechosas de ser
responsables de crímenes de derecho
internacional y violaciones de derechos
humanos cometidos durante las protestas
de 2014 todavía no habían comparecido
ante la justicia. Continuaban la violencia y
el hacinamiento en las prisiones. Las
sobrevivientes de violencia de género se
enfrentaban a considerables obstáculos
para acceder a la justicia. Buscando su
descrédito, se lanzaban frecuentes
campañas de discriminación contra
periodistas y defensores y defensoras de los
derechos humanos, que también sufrían
agresiones e intimidación. Se siguió
encarcelando a personas críticas con el
gobierno y a miembros de la oposición
política. Se denunció el uso excesivo de la
fuerza por parte de la policía y de las
fuerzas de seguridad.
INFORMACIÓN GENERAL
El 15 de enero, el presidente Maduro declaró
el estado de excepción y emergencia
económica, que se mantuvo todo el año. La
declaración estableció disposiciones que
podían restringir la labor de la sociedad civil y
de las ONG, al permitir, por ejemplo, que las
autoridades revisaran acuerdos firmados
entre organizaciones nacionales y entidades
jurídicas con empresas o instituciones con
sede en el extranjero.
Las autoridades no proporcionaron
información sobre los resultados de la
aplicación del Plan Nacional de Derechos
Humanos, aprobado en 2015.
La mayoría de las sentencias y de las
órdenes sobre Venezuela dictadas por la
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 459