AMNISTÍA INTERNACIONAL

causado en parte por la recesión en Rusia,
su principal socio comercial.
También en julio se prorrogó un año más
el mandato del relator especial de la ONU
sobre la situación de los derechos humanos
en Bielorrusia, establecido por el Consejo de
Derechos Humanos en 2012.
En septiembre fue elegido el nuevo
Parlamento, en medio de severas
restricciones a los medios de comunicación
independientes y a la oposición política. Sólo
resultaron elegidos dos parlamentarios
considerados representantes de la oposición.
El 24 de octubre se aprobó la primera
estrategia nacional sobre los derechos
humanos, que incluía varias reformas
legislativas —aunque ninguna relativa a la
pena de muerte— y prometía “considerar” el
interés de Bielorrusia en adherirse al
Convenio Europeo de Derechos Humanos,
así como la creación de una institución
nacional de derechos humanos.
PENA DE MUERTE
El 18 de abril se llevó a cabo la ejecución de
Siarhei Ivanou a pesar de que su caso estaba
pendiente de examen en el Comité de
Derechos Humanos de la ONU. Fue la
primera ejecución realizada desde noviembre
de 2014. 1 En torno al 5 de noviembre fueron
ejecutados Siarhei Khmialeuski, Ivan Kulesh
y Hyanadz Yakavitski. En Bielorrusia, las
ejecuciones normalmente se realizaban en
secreto y sin notificárselo a la familia. El 4 de
octubre, el Tribunal Supremo desestimó el
recurso de apelación presentado por Siarhei
Vostrykau, 2 quien estaba a la espera del
resultado de su solicitud de indulto
presidencial al final del año. Desde 1994 sólo
se había concedido el indulto en uno de los
más de 400 casos en que se había solicitado.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Ley de Medios de Comunicación de
Masas seguía imponiendo duras restricciones
a la libertad de expresión, y en la práctica
sometía a todas las empresas de medios de
comunicación al control del gobierno. Los
periodistas del país que trabajaban para
medios internacionales seguían estando
obligados a solicitar acreditación oficial, que
por sistema se retrasaba o denegaba de
forma arbitraria.
En enero fue detenido Eduard Palchys,
bloguero político residente en Ucrania y
conocido por sus críticas a las autoridades
bielorrusas y rusas, durante una visita a
Briansk (Rusia). Estuvo bajo custodia de las
autoridades rusas hasta el 7 de junio, fecha
de su extradición a Bielorrusia, donde quedó
detenido. El 28 de octubre fue declarado
culpable de “incitar al odio racial, nacional o
religioso” y de “distribución de pornografía”.
Se le impuso una condena no privativa de
libertad, considerando que llevaba en prisión
preventiva desde enero, y fue puesto en
libertad en la misma sala del tribunal. Las
sesiones de su juicio se celebraron a puerta
cerrada, pero la sentencia se dictó en vista
pública.
VIGILANCIA
El marco jurídico que regulaba la vigilancia
secreta permitió a las autoridades llevar a
cabo amplias operaciones de vigilancia con
escasa o nula justificación. El Sistema de
Actividades Operativas e Investigativas
(SORM), que permitía la interceptación legal
de todas las comunicaciones electrónicas,
daba a las autoridades acceso directo a las
comunicaciones telefónicas y por Internet y a
los datos conexos. La posibilidad de ser
objeto de vigilancia limitaba a los defensores
y defensoras de los derechos humanos y
otros activistas de la sociedad civil y políticos,
así como a los periodistas, a la hora de
ejercer su derecho a la libertad de expresión,
de asociación y de reunión, entre otros
derechos humanos. 3
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Tanto las ONG como los partidos políticos
continuaron sufriendo restricciones
indebidas, como la obligación de registrarse.
Las solicitudes de registro solían rechazarse
arbitrariamente por infracciones minúsculas
u otros motivos no especificados. Según el
artículo 193.1 del Código Penal, fundar una
organización no registrada o participar en sus
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 105