AMNISTÍA INTERNACIONAL

garantizaban el acceso de los detenidos a
asistencia letrada, también durante los
interrogatorios, aunque este punto no fue
plenamente respetado.
A finales de agosto, el abogado de
derechos humanos Lakshan Dias acusó al
Departamento de Investigación Terrorista de
la policía ante el Tribunal Supremo porque
según él había violado estas directivas, dado
que no le habían permitido ver a su cliente.
En octubre, ante las protestas de los
abogados, se retiró una enmienda del Código
de Procedimiento Penal que habría impedido
a los detenidos acceder a asistencia letrada
hasta que la policía les tomara declaración.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
El relator especial de la ONU sobre la tortura
visitó Sri Lanka en mayo, donde comprobó
que la policía seguía practicando formas
graves de tortura —aunque probablemente
en menor grado que durante el conflicto
armado—, y que los casos de tortura, tanto
nuevos como anteriores, seguían impunes.
También observó que las normas de
procedimiento, tales como la detención
arbitraria y sin juicio durante periodos
prolongados, en aplicación de la Ley de
Prevención del Terrorismo, “casi invita[ba] a
recurrir a la tortura y los malos tratos como
método habitual de trabajo”. En agosto, de
conformidad con lo establecido en la
Convención de la ONU contra la Tortura, Sri
Lanka formuló una declaración por la que
reconocía la competencia del Comité de la
ONU contra la Tortura para recibir y examinar
comunicaciones presentadas por personas
que aleguen ser víctimas de una violación de
los derechos consagrados en la Convención.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Siguieron recibiéndose noticias de uso
excesivo de la fuerza en el contexto de la
labor policial, y continuó la impunidad de
casos anteriores. Tampoco se habían
celebrado juicios en relación con los
homicidios de manifestantes desarmados
que reivindicaban agua potable, perpetrados
por el ejército en agosto de 2013. En
octubre, una juez determinó que estas
muertes eran constitutivas de delito, y ordenó
la celebración de nuevas vistas en 2017 para
determinar si existían pruebas suficientes
como para remitir el caso a juicio.
DESAPARICIONES FORZADAS
En mayo, Sri Lanka ratificó la Convención
Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones
Forzadas, pero al concluir el año seguían sin
aprobarse leyes nacionales que tipificaran
como delito la desaparición forzada. La
Comisión Presidencial para Investigar las
Denuncias sobre Personas Desaparecidas se
disolvió en julio, después de haber recibido
más de 19.000 denuncias de civiles. Sin
embargo, se avanzó poco en el
esclarecimiento de la suerte que habían
corrido las personas desaparecidas y el
enjuiciamiento de los responsables. En
agosto, el Parlamento aprobó, sin haber
celebrado ninguna consulta pública, una ley
por la que se creaba una Oficina de Personas
Desaparecidas para ayudar a las familias a
buscar a sus familiares y asumir la carga de
trabajo que había dejado la Comisión.
IMPUNIDAD
Continuaron impunes los presuntos delitos
de derecho internacional cometidos durante
el conflicto armado, así como otras muchas
violaciones de derechos humanos, entre las
que figuraban la ejecución extrajudicial de
cinco estudiantes a manos de las fuerzas de
seguridad (ocurrida en Trincomalee en enero
de 2006) y el homicidio de 17 cooperantes
de la ONG Acción contra el Hambre,
perpetrado en Muttur en agosto de 2006
En mayo, en un caso de hábeas corpus
sobre la desaparición de los activistas
políticos Lalith Weeraraj y Kugan
Muruganandan, ocurrida en diciembre de
2011, el ministro de Medios de
Comunicación compareció como testigo y
declaró que, en el momento de los hechos,
se había basado en información del
Ministerio de Defensa para afirmar que
ambos activistas se encontraban bajo
custodia del gobierno y que no se podía
revelar su paradero. Seguía en curso la
406 Informe 2016/17 Amnistía Internacional