AMNISTÍA INTERNACIONAL

En noviembre, la Corte Federal resolvió
que la práctica del Servicio Canadiense de
Inteligencia y Seguridad de conservar
indefinidamente metadatos de registros de
llamadas telefónicas y correos electrónicos
era ilegal.
Se rompieron los procesos de mediación
en los casos de Abdullah Almalki, Ahmad
Abou Elmaati y Muayyed Nureddin, quienes
pedían reparación sobre la base del informe
de 2008 de una investigación judicial que
documentaba el papel desempeñado por las
autoridades canadienses en la detención,
encarcelamiento y tortura de los tres en el
extranjero.
SISTEMA DE JUSTICIA
Aumentó la preocupación por el uso
generalizado de la reclusión en régimen de
aislamiento, a raíz de que en octubre se
hiciera público el caso de Adam Capay, un
indígena que había permanecido durante
más de cuatro años recluido en régimen de
aislamiento en espera de juicio en Ontario.
En noviembre, el gobierno de Quebec
inició una investigación pública sobre la
vigilancia policial a periodistas.
PERSONAS REFUGIADAS Y
SOLICITANTES DE ASILO
Durante el año, 38.700 personas refugiadas
sirias fueron reasentadas en Canadá gracias
al patrocinio privado y del gobierno.
En abril se restauró plenamente el
Programa Federal Provisional de Salud para
personas refugiadas y solicitantes del
estatuto de refugiado, y se revirtieron los
recortes impuestos en 2012.
En agosto, el ministro de Seguridad
Pública anunció un incremento de la
financiación de los centros de detención de
inmigrantes.
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS
EMPRESAS
En junio, el gobierno de la Columbia
Británica permitió reanudar plenamente las
actividades en la mina del Monte Polley, a
pesar de que había en curso una
investigación penal sobre la rotura de la balsa
de residuos en 2014 y de que seguía
pendiente la aprobación del plan a largo
plazo de la empresa para el tratamiento de
aguas. En noviembre se planteó una
acusación particular contra el gobierno
provincial y contra Mount Polley Mining
Corporation por violaciones de la Ley de
Pesca.
En mayo se hizo público el quinto informe
anual de evaluación del impacto que el
Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y
Colombia tenía sobre los derechos humanos.
El informe seguía sin incluir una evaluación
de los motivos de preocupación en materia
de derechos humanos relacionados con las
repercusiones de los proyectos extractivos
para los pueblos indígenas y otras personas.
El gobierno no adoptó medidas para
cumplir la promesa electoral formulada en
2015 de crear una defensoría de los
derechos humanos para el sector extractivo.
En marzo, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
instó a Canadá a adoptar dicha medida, y el
Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer hizo lo mismo
en noviembre.
Tres empresas canadienses hacían frente
a demandas civiles por presuntos abusos
contra los derechos humanos asociados a
proyectos en el extranjero. Hudbay Minerals
tenía una causa abierta en Ontario en
relación con una mina en Guatemala. En
octubre, un tribunal de la Columbia Británica
resolvió que se podía iniciar una causa
contra Nevsun Resources en relación con
una mina en Eritrea. En noviembre se
celebró una vista de apelación en la
Columbia Británica sobre la procedencia de
incoar una causa que involucraba a Tahoe
Resources en relación con una mina en
Guatemala.
NOVEDADES JURÍDICAS,
CONSTITUCIONALES E
INSTITUCIONALES
En febrero se revocó una política de 2007
que limitaba los esfuerzos del gobierno a la
hora de solicitar indultos en nombre de
134 Informe 2016/17 Amnistía Internacional