AMNISTÍA INTERNACIONAL

internacionales. Cientos de familias romaníes
sufrieron desalojos forzosos en contravención
del derecho internacional.
El gobierno continuó sin aplicar de manera
efectiva la Estrategia Nacional para la
Inclusión Romaní en materia de vivienda;
cinco años después de su adopción, no
existían planes nacionales para terminar con
la segregación de los campos. En cambio, las
autoridades seguían adelante con la
planificación y construcción de nuevos
campos.
En febrero, en Giugliano, cerca de
Nápoles, las autoridades municipales y
regionales, con el apoyo de la prefectura de
Nápoles y el Ministerio del Interior, destinaron
1,3 millones de euros a la construcción de
un nuevo campo segregado para la población
romaní residente en el campo de Masseria
del Pozzo, establecido en 2013 cerca de un
vertedero de residuos tóxicos para alojar a
familias romaníes que ya habían sufrido
desalojos forzosos. En junio, a raíz de una
resolución judicial que ordenaba el traslado
de las familias de Masseria del Pozzo, las
autoridades locales desalojaron forzosamente
a unas 300 personas que vivían allí, entre
ellas decenas de niños y niñas de corta edad.
No se les ofreció más alternativa que el
traslado a un recinto aislado, en una antigua
fábrica de material pirotécnico, sin aseos en
funcionamiento ni electricidad y con un
acceso muy limitado al agua. En diciembre,
la comunidad seguía viviendo en ese lugar en
precarias condiciones.
En diciembre, el Comité de la ONU para la
Eliminación de la Discriminación Racial
señaló con preocupación que los romaníes
seguían sufriendo desalojos forzosos y
segregación en campos, así como
discriminación en el acceso a una vivienda
social y a otras prestaciones relacionadas con
el alojamiento.
regulaban la unión de hecho de las parejas
de distinto sexo, a las que se reconoció la
mayoría de los derechos de las parejas
casadas. Sin embargo, la nueva ley no
abordaba la adopción como segundo padre o
madre.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
En marzo entró en funciones el Defensor del
Pueblo Nacional, con el mandato de vigilar
las condiciones de reclusión y de impedir la
tortura y otros malos tratos. Entre sus
competencias figuraba vigilar los vuelos de
repatriación de migrantes irregulares.
El Parlamento continuó sin tipificar la
tortura como delito en el Código Penal,
medida exigida por la Convención de la ONU
contra la Tortura y que estaba pendiente
desde que Italia ratificó el tratado en 1989.
Además, el Parlamento y el gobierno no se
pusieron de acuerdo sobre las medidas
necesarias para la identificación de los
agentes encargados de hacer cumplir la ley,
como placas en los uniformes, que
facilitarían su rendición de cuentas por los
abusos cometidos.
MUERTES BAJO CUSTODIA
En julio, cinco médicos acusados del
homicidio impremeditado de Stefano Cucchi,
quien había muerto en 2009 en la sección
penitenciaria de un hospital de Roma una
semana después de ser detenido, fueron
absueltos en un segundo juicio de apelación
ordenado por el Tribunal Supremo. En una
segunda investigación abierta contra los
agentes de policía relacionados con su
detención se estaban examinando denuncias
según las cuales la muerte de Stefano Cucchi
pudo deberse a palizas recibidas bajo
custodia.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
El Parlamento aprobó en mayo la Ley
76/2016, que establecía la unión civil de
parejas del mismo sexo y las normas que
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 259