AMNISTÍA INTERNACIONAL

protección de la integridad e independencia
del Tribunal y de sus jueces, así como la
aplicación y publicación de todas sus
sentencias. 1
Tras la adopción de tres nuevas leyes
sobre el Tribunal Constitucional y el
nombramiento de su nuevo presidente, en
diciembre la Comisión Europea expuso
nuevos motivos de preocupación y emitió
una recomendación complementaria en la
que daba a Polonia dos meses para eliminar
la amenaza sistémica al Estado de derecho
en el país.
SISTEMA DE JUSTICIA
En virtud de la nueva Ley sobre el Ministerio
Fiscal, promulgada en enero, se unificaron
las funciones del fiscal general y el ministro
de Justicia y se ampliaron las facultades del
primero. Las reformas tuvieron
consecuencias significativas en el derecho a
un juicio justo y la independencia del poder
judicial. 2
En junio, el presidente Duda se negó a
nombrar a nueve jueces y juezas propuestos
por el Consejo Nacional de la Judicatura para
ascender a tribunales de instancia superior y
a otro juez propuesto para un cargo. No se
ofreció ninguna explicación de la decisión
presidencial.
Seguridad y medidas antiterroristas
En junio se promulgó una nueva Ley de
Medidas Antiterroristas por vía legislativa
rápida. La ley depositaba amplios poderes en
manos de la Agencia de Seguridad Interna y
no contemplaba ningún mecanismo
independiente de vigilancia que impidiese los
abusos y garantizase la rendición de cuentas.
La definición de delitos e “incidentes”
relacionados con el terrorismo era imprecisa
tanto en la ley como en el reglamento
asociado. Asimismo, la nueva ley
contemplaba medidas específicas para
ciudadanos y ciudadanas extranjeros, a
quienes se podía vigilar en secreto y sin
supervisión judicial durante tres meses,
incluso mediante interceptación telefónica y
control de las comunicaciones electrónicas y
redes y dispositivos de telecomunicaciones;
transcurrido ese periodo, se podía ampliar la
vigilancia por mandato judicial. Más que por
la existencia de una sospecha razonable,
esas medidas podían aplicarse si se “temía”
que la persona en cuestión estuviera
implicada en actividades relacionadas con el
terrorismo. La Ley de Medidas Antiterroristas
incorporaba otra serie de disposiciones, tales
como la admisibilidad de pruebas obtenidas
ilegalmente, la ampliación a 14 días del
periodo de detención sin cargos y la
eliminación de algunas salvaguardias
relativas a la permisibilidad del uso de la
fuerza letal en el contexto de las operaciones
antiterroristas.
En virtud de la reforma de la Ley de Policía
se ampliaron las atribuciones de vigilancia y
se permitió a los tribunales autorizar
operaciones de vigilancia secreta durante
tres meses —prorrogables a un máximo de
18— fundamentándose en una extensa lista
de delitos y sin la obligación de tener en
cuenta el principio de proporcionalidad.
Además, las reformas permitían a la policía
acceder directamente a los metadatos, sin
mandato judicial. También se puso en
peligro, por ejemplo, la confidencialidad de la
información protegida por el secreto
profesional del que gozaban los abogados
defensores en causas penales, ya que no se
prohibía la vigilancia de las comunicaciones
de los profesionales del derecho. 3
El Comité de Derechos Humanos de la
ONU recomendó a Polonia, entre otras
cuestiones, que garantizase que el Código
Penal definía los delitos relacionados con el
terrorismo atendiendo a la finalidad y
especificando estrictamente su naturaleza, y
contenía una definición precisa de
“incidentes de terrorismo”.
Seguía pendiente la investigación criminal
sobre la cooperación de Polonia con la CIA y
el establecimiento de un centro de detención
secreta en territorio polaco. No se aplicaron
plenamente las resoluciones de 2015 del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
las causas de Al Nashiri y Abu Zubaydan.
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 357