AMNISTÍA INTERNACIONAL

ataque, el ejército disparó munición real y
mató al menos a un manifestante. Unas
semanas después, al menos 21 personas de
la comunidad hutu perdieron la vida, 40
resultaron heridas y decenas de casas fueron
quemadas en ataques de milicias nande.
El 27 de noviembre, más de 40 personas
murieron durante un ataque contra una
localidad hutu perpetrado por un grupo de
autodefensa nande.
En la provincia de Tanganyika, los
enfrentamientos entre las comunidades
batwa y luba se reanudaron en septiembre y
causaron numerosas muertes y cuantiosos
daños materiales. Los persistentes
enfrentamientos dieron lugar a ejecuciones
sumarias, violencia sexual y desplazamiento
masivo. Según jefes locales y organizaciones
de la sociedad civil, más de 150 escuelas del
distrito fueron incendiadas durante los
enfrentamientos entre comunidades.
PERSONAS REFUGIADAS E
INTERNAMENTE DESPLAZADAS
Los combates entre el ejército y los grupos
armados causaron altos niveles de
desplazamiento. En febrero, más de 500.000
personas refugiadas congoleñas estaban
registradas en países vecinos. El 1 de agosto,
9 millones de personas internamente
desplazadas estaban registradas en
República Democrática del Congo, la mayoría
en las provincias de Kivu Septentrional y Kivu
Meridional.
Tras denunciarse que miembros de grupos
armados, particularmente las FDLR, se
ocultaban en los campos, el gobierno cerró
varios campos para personas internamente
desplazadas que se habían establecido en
colaboración con el ACNUR, la agencia de la
ONU para los refugiados. Los cierres, que
según estimaciones afectaron a unas 40.000
personas desplazadas, causaron nuevos
desplazamientos y un aumento de la
inseguridad, y fueron objeto de críticas
generalizadas de organizaciones
humanitarias. Durante los cierres, numerosas
personas desplazadas fueron víctimas de
violaciones de derechos humanos a manos
de soldados.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Agentes del Estado y miembros de grupos
armados perpetraron actos de tortura y otros
tratos crueles, inhumanos y degradantes. La
Agencia Nacional de Inteligencia fue
responsable de secuestros y formas de
detención prolongada en régimen de
incomunicación que vulneraban el derecho
de las personas detenidas a ser tratadas con
humanidad y la prohibición absoluta de la
tortura y otros malos tratos.
IMPUNIDAD
Muy pocos agentes del Estado —
especialmente en los niveles superiores— o
combatientes de grupos armados fueron
procesados y condenados por abusos y
violaciones de derechos humanos. La falta de
financiación y de independencia judicial
seguía constituyendo importantes obstáculos
para la rendición de cuentas por esos delitos.
El 11 de octubre, Gedeon Kyungu
Mutanga se entregó, junto con más de 100
combatientes Mai-Mai, a las autoridades de
la provincia de Haut-Katanga. Se había
fugado de prisión en 2011 tras ser
condenado a muerte por crímenes de lesa
humanidad, insurgencia y terrorismo.
CONDICIONES DE RECLUSIÓN
El hacinamiento, el deterioro de las
infraestructuras y la insuficiente financiación
contribuían a unas condiciones de reclusión
terribles. La mayoría de la población
penitenciaria estaba compuesta por personas
detenidas en espera de juicio. La
malnutrición, las enfermedades infecciosas y
la ausencia de atención sanitaria adecuada
dieron lugar a la muerte de al menos 100
reclusos. Se calculaba que unos 1.000
presos se habían evadido.
DERECHO A UN NIVEL DE VIDA
ADECUADO
La pobreza extrema seguía siendo
generalizada. Según el Programa Mundial de
Alimentos, aproximadamente el 63,6% de la
población vivía por debajo del umbral de
pobreza nacional y carecía de acceso a
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 379