AMNISTÍA INTERNACIONAL

Kostyantyn Beskorovaynyi regresó a su
hogar el 25 de febrero, después de que su
secuestro y detención secreta —reconocida
oficialmente, aunque de forma indirecta—
fueran objeto de una campaña
internacional. 4 En julio, el fiscal jefe militar de
Ucrania prometió una investigación efectiva
de las denuncias realizadas por Kostyantyn
Beskorovaynyi respecto a haber sido
sometido a desaparición forzada, tortura y a
15 meses de detención secreta por el SBU,
pero al terminar el año no se tenía constancia
de que la investigación hubiera producido
resultados tangibles.
Varias decenas de personas más
permanecían detenidas en secreto en
centros del SBU en Mariupol, Pokrovsk,
Kramatorsk, Izyum, Járkov y, posiblemente,
otros lugares. Algunas fueron canjeadas por
otras retenidas por las fuerzas separatistas.
Tres fuentes distintas hicieron llegar a
Amnistía Internacional y Human Rights
Watch los nombres de 16 personas,
confirmando por separado que se hallaban
detenidas en secreto por el SBU en Járkov
desde 2014 o 2015. Las organizaciones
remitieron la lista a las autoridades
ucranianas, y posteriormente al menos 18
personas, incluidas esas 16, fueron puestas
en libertad en secreto, sin que llegara a
reconocerse oficialmente su detención. Tres
de ellas —Vyktor Ashykhmyn, Mykola
Vakaruk y Dmytro Koroliov— decidieron
hablar públicamente de su detención y
presentar de forma oficial una denuncia. 5
En las autoproclamadas repúblicas
populares de Donetsk y Luhansk, sus
respectivos “ministerios de Seguridad del
Estado” emplearon sus poderes, otorgados
por “decretos” de ámbito local, para realizar
detenciones arbitrarias por periodos de hasta
30 días y para ampliar repetidamente este
plazo. Igor Kozlovskyi (detenido el 27 de
enero) y Volodymyr Fomychev (detenido el 4
de enero) fueron acusados de poseer armas
ilegalmente, cosa que negaron, y de “apoyar”
al “bando ucraniano”. Un tribunal de
Donetsk condenó a Volodymyr Fomychev a
dos años de cárcel el 16 de agosto. Igor
Kozlovskyi continuaba detenido en espera de
juicio al concluir el año.
PERSONAS INTERNAMENTE
DESPLAZADAS
En su examen de Ucrania de 2016, el Comité
para la Eliminación de la Discriminación
Racial puso de relieve varios motivos de
preocupación en torno a las dificultades que
sufría la población internamente desplazada.
Entre ellos figuraba la vinculación de las
ayudas sociales, incluidas las pensiones, a la
condición de persona internamente
desplazada y a la residencia en zonas
controladas por el gobierno.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: PERIODISTAS
Los medios de comunicación a los que se
atribuían opiniones favorables a Rusia o a los
separatistas o que eran especialmente
críticos con las autoridades eran objeto de
acoso, incluidas amenazas de cierre y
violencia física. El ministro del Interior
amenazó repetidamente con cerrar el canal
de televisión Inter, y el 4 de septiembre unos
15 hombres con el rostro cubierto intentaron
sin éxito entrar por la fuerza en sus oficinas,
acusándolo de que su cobertura informativa
estaba sesgada a favor de Rusia. A
continuación arrojaron cócteles molotov al
interior del edificio, lo que provocó un
incendio.
El servicio de migración de Ucrania anuló
el permiso de trabajo de Savik Shuster,
conocido presentador de televisión con doble
nacionalidad italiana y canadiense, en
contravención del procedimiento existente. El
tribunal de apelación de Kiev se lo
restableció el 12 de julio. Posteriormente, las
autoridades fiscales iniciaron un
procedimiento penal contra 3STV, el canal de
Savik Shuster, quien, el 1 de diciembre,
decidió cerrarlo debido a la presión sufrida y
a la falta de fondos.
Ruslan Kotsaba, periodista independiente
y bloguero de la ciudad de Ivano-Frankivsk,
fue condenado el 12 de mayo a tres años y
medio de cárcel por “obstruir las actividades
legítimas de las fuerzas armadas ucranianas
durante un periodo excepcional”. Llevaba
450 Informe 2016/17 Amnistía Internacional