AMNISTÍA INTERNACIONAL

En los llamados “territorios inaccesibles”
del estado de Borno, decenas de miles de
personas desplazadas estaban recluidas en
campos bajo la vigilancia armada del ejército
de Nigeria y la Fuerza Civil Especial
Conjunta, milicia civil respaldada por el
Estado para combatir a Boko Haram. A la
mayoría de las personas desplazadas no se
les permitía salir de los campamentos y no se
les proporcionaba comida, agua ni atención
médica suficientes. Miles de personas habían
muerto en estos campos por desnutrición
severa. En junio, la ONG Médicos Sin
Fronteras informó de que en un campo
vigilado de Bama (estado de Borno) se
habían enterrado más de 1.200 cadáveres
durante 2015.
Tanto la Fuerza Civil Especial Conjunta
como el ejército fueron acusados de explotar
sexualmente a mujeres en los campos para
personas internamente desplazadas a
cambio de dinero, alimentos o permitirles
salir de los recintos.
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN ARBITRARIAS
Las fuerzas armadas detuvieron
arbitrariamente a miles de hombres jóvenes,
mujeres, niños y niñas que huían buscando
seguridad a las ciudades cuyo control se
había recuperado, como Banki y Bama
(estado de Borno). Esas detenciones se
basaban en gran medida en la aplicación
aleatoria de perfiles a los hombres,
especialmente a los jóvenes, más que en la
sospecha razonable de que hubieran
cometido un delito común reconocible. En la
mayoría de los casos, las detenciones se
realizaban sin la suficiente investigación.
Otras personas fueron detenidas
arbitrariamente cuando trataban de huir de
Boko Haram. Los detenidos por las fuerzas
armadas no tenían acceso a sus familiares ni
a sus abogados, y no comparecían ante un
tribunal. Durante el año quedaron en libertad
más de 1.500 detenidos.
Las detenciones masivas de personas que
huían de Boko Haram llevadas a cabo por las
fuerzas armadas causaron hacinamiento en
centros militares de detención. En el centro
militar de detención del cuartel de Giwa, en
Maiduguri, las celdas estaban atestadas, y
las enfermedades, la deshidratación y el
hambre eran muy comunes. Al menos 240
personas detenidas murieron durante el año.
Los cadáveres fueron enterrados en secreto
en el cementerio de Maiduguri por personal
de la agencia de protección ambiental del
estado de Borno. Entre las víctimas había al
menos 29 bebés y niños y niñas de hasta
cinco años.
En el cuartel de Giwa, los niños y niñas
menores de cinco años estaban recluidos en
tres celdas de mujeres atestadas e
insalubres, en cada una de las cuales había
al menos 250 mujeres y muchachas
adolescentes. Algunos niños y niñas habían
nacido bajo custodia.
FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Persistía la falta de rendición de cuentas por
las graves violaciones de derechos humanos
cometidas por agentes de seguridad. No se
habían llevado a cabo investigaciones
imparciales e independientes de delitos
perpetrados por las fuerzas armadas, a pesar
de las reiteradas promesas realizadas por el
presidente en mayo. Además, altos mandos
militares que presuntamente habían
perpetrado crímenes previstos por el derecho
internacional siguieron sin ser sometidos a
investigaciones, y el general de división
Ahmadu Mohammed fue readmitido en el
ejército en enero. Ahmadu Mohammed
estaba al mando de las operaciones cuando
las fuerzas armadas ejecutaron a más de 640
personas detenidas tras un ataque de Boko
Haram contra el centro de detención del
cuartel de Giwa el 14 de marzo de 2014.
En su informe preliminar de noviembre, la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional
anunció que seguiría analizando todas las
nuevas denuncias de crímenes cometidos en
Nigeria y evaluando la admisibilidad de los
ocho posibles casos identificados en 2015,
con el propósito de determinar si se
cumplían o no los criterios necesarios para
abrir una investigación.
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 333