AMNISTÍA INTERNACIONAL

PENA DE MUERTE
Somalia siguió aplicando la pena de muerte a
pesar de su apoyo a la resolución sobre una
moratoria del uso de la pena capital
adoptada por la Asamblea General de la
ONU. Se tuvo noticia de pocas ejecuciones,
pero el Tribunal Militar dictó condenas a
muerte en procedimientos que no se
ajustaban a las normas internacionales
relativas a juicios justos. Entre los
condenados a muerte figuraba un ex
periodista acusado de ayudar a Al Shabaab a
matar a otros cinco periodistas. El 14 de
agosto, un tribunal militar de Puntlandia
ordenó la ejecución por fusilamiento de un
oficial del ejército en la ciudad de Garowe.
No se tenía constancia de que se hubiera
llevado a cabo la ejecución.
En Somalilandia, seis presos del complejo
de máxima seguridad de Mandera fueron
ejecutados en enero. El 25 de julio, un
tribunal civil de Berbera condenó a muerte a
ocho hombres. Los tribunales civiles seguían
imponiendo penas de muerte, y al final del
año había al menos 50 personas condenadas
a la pena capital.
SRI LANKA
República Socialista Democrática de Sri Lanka
Jefe del Estado y del gobierno: Maithripala Sirisena
Sri Lanka siguió cumpliendo su compromiso
de rendir cuentas por los delitos de derecho
internacional cometidos, aunque el proceso
era lento. Siguió habiendo numerosos
desafíos en materia de derechos humanos,
entre ellos el uso por parte de las
autoridades de la Ley de Prevención del
Terrorismo para detener a personas
sospechosas, la práctica de la tortura y
otros malos tratos bajo custodia policial y la
impunidad de las desapariciones forzadas y
otras violaciones. Las víctimas de
violaciones perpetradas durante el conflicto
armado tenían dificultades para reconstruir
sus vidas y sus medios de subsistencia,
dado que seguían sin aplicarse planes de
ayuda humanitaria y reparación coherentes.
INFORMACIÓN GENERAL
Sri Lanka inició un proceso de reformas
constitucionales, y empezó a diseñar
mecanismos de verdad, justicia y reparación
y a acometer reformas jurídicas y
procedimentales para abordar las graves
violaciones y abusos de derechos humanos
que habían proliferado en el país durante
decenios, y evitar su repetición. Se iniciaron
consultas públicas con respecto a estos
mecanismos, pero no se facilitó lo suficiente
la aplicación del proceso.
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN ARBITRARIAS
Se siguió deteniendo a tamiles
presuntamente vinculados con los Tigres de
Liberación de Eelam Tamil, recurriendo para
ello a la Ley de Prevención del Terrorismo,
que permitía la detención administrativa
durante periodos prolongados y, en los casos
de tortura y otros malos tratos, hacía recaer
la carga de la prueba sobre la persona
detenida que los denunciaba. En 2015, el
gobierno había prometido revocar esta ley y
sustituirla por leyes antiterroristas acordes a
las normas internacionales, pero al concluir
2016 seguía sin cumplir esa promesa. En
octubre se sometió a la aprobación del
Consejo de Ministros un proyecto de marco
normativo y jurídico para una legislación
sustitutiva que, aunque establecía
salvaguardias contra la tortura, conservaba
muchos de los elementos más controvertidos
de la Ley de Prevención del Terrorismo.
En junio, el presidente Sirisena ordenó a la
policía y a las fuerzas armadas que acataran
las directivas de la Comisión de Derechos
Humanos de Sri Lanka, que tenían por objeto
proteger a las personas detenidas en virtud
de la Ley de Prevención del Terrorismo y de
otras medidas de excepción, y erradicar
prácticas que podían dar lugar a abusos,
como que los agentes no se identificaran al
efectuar detenciones, que transportaran a
sospechosos en vehículos sin distintivos y
que utilizaran centros de detención no
oficiales. Asimismo, las directivas
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 405