AMNISTÍA INTERNACIONAL

años de prisión, seguidos de 3 años de
vigilancia.
El preso de conciencia Nasser Bin Ghaith,
personalidad académica y economista
detenido en agosto de 2015, estuvo sometido
a desaparición forzada hasta abril, cuando
fue llevado ante la Sala de Seguridad del
Estado y acusado de cargos derivados
exclusivamente del ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de expresión y de
asociación. A pesar de que denunció ante el
tribunal que los funcionarios lo habían
torturado y sometido a malos tratos, el juez
no ordenó ninguna investigación. En
diciembre la causa se remitió a un tribunal
de apelación.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
La tortura y los malos tratos a personas
detenidas, sobre todo a las que estaban
sometidas a desaparición forzada, seguían
siendo prácticas habituales y quedaban
impunes. Ni el gobierno ni la Sala de
Seguridad del Estado llevaban a cabo
investigaciones independientes sobre las
denuncias de tortura de los detenidos.
Entre marzo y junio, las autoridades
dejaron en libertad al menos a 6 miembros
de un grupo de 12 hombres de origen libio, a
los que habían detenido en 2014 y 2015.
Previamente, la Sala de Seguridad del Estado
los había absuelto del cargo de prestar apoyo
a grupos armados libios. Durante 2015,
funcionarios de los servicios de Seguridad del
Estado habían sometido al menos a 10 de
ellos a meses de detención en régimen de
incomunicación y a torturas que incluyeron
palizas, descargas eléctricas y privación de
sueño, antes de llevarlos a juicio. Se
desconocía aún la suerte de dos de los
hombres, mientras que entre los
excarcelados en 2016 figuraban Salim al
Aradi, ciudadano libio y canadiense, y Kamal
Eldarat y su hijo, Mohammed Eldarat, ambos
de nacionalidad libia y estadounidense.
JUICIOS INJUSTOS
Decenas de personas, algunas de ellas
extranjeras, fueron juzgadas por la Sala de
Seguridad del Estado, a menudo por cargos
imprecisos, relacionados con la seguridad
nacional. La Sala de Seguridad del Estado
negó a los procesados el derecho a una
defensa efectiva y aceptó pruebas obtenidas
mediante tortura para condenarlos. En
diciembre, el gobierno promulgó legislación
que preveía un recurso de apelación en las
causas sobre seguridad del Estado.
En marzo, la Sala de Seguridad del Estado
declaró a 34 hombres culpables de cargos
que incluían la fundación del grupo Juventud
del Minarete (Shabab al Manara) para
derrocar al gobierno y crear un “califato del
estilo del Estado Islámico”. Les impuso penas
de entre tres años de prisión y cadena
perpetua. Las autoridades los habían
detenido en 2013 y sometido a desaparición
forzada durante 20 meses. Aparentemente,
algunos fueron declarados culpables con
arreglo a “confesiones” que, según alegaron,
habían sido obtenidas mediante tortura.
En junio, la Sala de Seguridad del Estado
condenó al ciudadano egipcio Mosaab
Ahmed Abdel Aziz Ramadan a tres años de
prisión por dirigir un “grupo internacional en
Emiratos Árabes Unidos afiliado a la
Hermandad Musulmana egipcia”. Antes del
juicio, las autoridades lo sometieron a varios
meses de desaparición forzada, durante los
cuales, según afirmaba, funcionarios de
seguridad lo obligaron a “confesar” bajo
tortura.
DERECHOS DE LAS MUJERES
Continuaba la discriminación de las mujeres
en la ley y en la práctica, sobre todo en
relación con el matrimonio y el divorcio, la
herencia y la custodia de los hijos e hijas. Las
mujeres carecían de protección adecuada
frente a la violencia sexual y la violencia en el
ámbito familiar.
DERECHOS DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS MIGRANTES
La población trabajadora migrante, que
representaba en torno al 90% de la mano de
obra privada, seguía sufriendo explotación y
abusos. Los trabajadores y las trabajadoras
continuaban estando ligados a los
empleadores en virtud del sistema de
176 Informe 2016/17 Amnistía Internacional