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AMNISTÍA INTERNACIONAL

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NUEVA ZELANDA<br />

Nueva Zelanda<br />

Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por<br />

Patricia Lee Reddy (sustituyó a Jerry Mateparae en<br />

septiembre)<br />

Jefe del gobierno: Bill English (sustituyó a John Key en<br />

diciembre)<br />

El Comité de Derechos Humanos y el<br />

Comité de los Derechos del Niño, de la<br />

ONU, criticaron a Nueva Zelanda por el<br />

porcentaje de personas encarceladas de<br />

etnia maorí (indígena), la pobreza infantil y<br />

la violencia intrafamiliar. El Estado<br />

incrementó ligeramente la cuota de<br />

reasentamiento de personas refugiadas.<br />

SISTEMA DE JUSTICIA<br />

En el sistema de justicia penal seguía<br />

habiendo un porcentaje desproporcionado de<br />

maoríes. El Defensor del Pueblo abrió una<br />

investigación sobre las circunstancias en las<br />

que un hombre con discapacidad intelectual<br />

había permanecido cinco años recluido, y a<br />

menudo aislado, en un centro de salud en<br />

condiciones constitutivas de trato cruel,<br />

inhumano o degradante. El gobierno anunció<br />

que estaba estudiando formalizar un tratado<br />

de extradición con China, país donde los<br />

sospechosos de delitos podían correr peligro<br />

de sufrir violaciones graves de los derechos<br />

humanos.<br />

PERSONAS REFUGIADAS Y<br />

SOLICITANTES DE ASILO<br />

El gobierno comunicó que hasta 2018 tenía<br />

previsto aumentar de 750 a 1.000 plazas su<br />

cuota anual de reasentamiento de personas<br />

refugiadas. En marzo había dos personas<br />

refugiadas recluidas en centros de detención<br />

junto con presos preventivos. El Comité de<br />

Derechos Humanos de la ONU expresó su<br />

preocupación por la diferencia existente<br />

entre la calidad de los servicios que se<br />

facilitaban a las personas refugiadas que<br />

llegaban en virtud del sistema de cuotas<br />

humanitarias y los que recibían otras<br />

categorías de refugiados. En junio, Nueva<br />

Zelanda reiteró públicamente su compromiso<br />

de reasentar anualmente a 150 personas<br />

refugiadas procedentes de Nauru y de la isla<br />

de Manus en virtud del acuerdo alcanzado<br />

en 2013 con el gobierno australiano, algo<br />

que Australia se negó a cumplir.<br />

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS<br />

El índice de violencia sexual y otros tipos de<br />

violencia física contra las mujeres y las niñas<br />

seguía siendo alto, a pesar de que el<br />

problema estaba perfectamente detectado y<br />

se habían tomado medidas para abordarlo. El<br />

Comité de Derechos Humanos de la ONU se<br />

mostró preocupado por los bajos porcentajes<br />

de denuncia y de enjuiciamiento de los<br />

responsables. Se anunció una reforma de la<br />

legislación sobre violencia intrafamiliar. Tras<br />

años de financiación insuficiente, el gobierno<br />

anunció que iba a destinar 46 millones de<br />

dólares neozelandeses (33 millones de<br />

dólares estadounidenses) a servicios de<br />

apoyo a las víctimas de violencia sexual.<br />

DERECHOS DE LA INFANCIA<br />

El Informe Técnico sobre Pobreza Infantil de<br />

2016 concluyó que casi uno de cada tres<br />

niños neozelandeses vivía por debajo del<br />

umbral de la pobreza. El Comité de Derechos<br />

Humanos de la ONU manifestó su pesar por<br />

el considerable número de niños que sufrían<br />

violencia —tanto física como psicológica— y<br />

abandono. El gobierno anunció la creación<br />

de un Ministerio de Menores en Situación de<br />

Vulnerabilidad en 2017.<br />

NOVEDADES JURÍDICAS,<br />

CONSTITUCIONALES E<br />

INSTITUCIONALES<br />

Al concluir el año, el gobierno seguía sin<br />

responder formalmente a las<br />

recomendaciones formuladas en 2013 por el<br />

Grupo Consultivo sobre Asuntos<br />

Constitucionales para la mejora de la Carta<br />

de Derechos de 1990. La legislación nacional<br />

seguía sin proteger plenamente los derechos<br />

económicos, sociales y culturales, a pesar de<br />

las recomendaciones del Grupo Consultivo.<br />

Informe 2016/17 Amnistía Internacional 339

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