AMNISTÍA INTERNACIONAL

En abril, una comisión jurídica del
Parlamento aprobó propuestas de reforma
del artículo 308 del Código Penal que ponían
fin a la disposición que permitía a los
violadores eludir el enjuiciamiento si se
casaban con sus víctimas. Sin embargo, se
mantenía la disposición si la víctima tenía
entre 15 y 18 años. Al terminar el año las
reformas no habían entrado aún en vigor.
En julio, el Comité de la ONU para la
Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer pidió información al gobierno con
motivo del examen de Jordania, previsto para
2017. Entre otras cosas, el Comité solicitó
detalles de los planes del gobierno para
modificar la Ley de Ciudadanía a fin de
permitir que las jordanas casadas con
extranjeros transmitieran su nacionalidad a
sus hijos e hijas y a sus cónyuges con el
mismo régimen que se aplicaba a los varones
jordanos, y que sus familias tuvieran mayor
acceso a la atención médica, la educación y
otros servicios. El Comité pidió asimismo
información sobre los planes del gobierno
para modificar el artículo 308 y otras
disposiciones del Código Penal que permitían
que los violadores eludieran el enjuiciamiento
y atenuaban las penas para los perpetradores
de homicidios por “honor”.
DERECHOS DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS MIGRANTES
Los trabajadores y trabajadoras domésticos
migrantes siguieron sufriendo explotación y
abusos. En febrero, la ONG Tamkeen, con
sede en Ammán, informó de que había
80.000 trabajadoras domésticas migrantes
excluidas de la protección de las leyes
laborales y expuestas a la violencia y a otros
abusos de sus empleadores. La relatora
especial de la ONU sobre la trata de
personas informó durante una visita a
Jordania de que las trabajadoras domésticas
migrantes que huían de empleadores
abusivos corrían el riesgo de ser objeto de
trata con fines de explotación sexual. La
relatora especial informó asimismo de que
las mujeres y niñas refugiadas de Siria eran
objeto de trata con fines de explotación
sexual.
PERSONAS REFUGIADAS Y
SOLICITANTES DE ASILO
Jordania acogía a más de 655.000 personas
refugiadas procedentes de Siria, de las que
16.000 eran palestinas, así como a casi
60.000 refugiados y refugiadas de otros
países, como Irak, Yemen y Somalia, y a 2,1
millones de personas refugiadas palestinas
residentes desde hacía tiempo en Jordania.
Al concluir el año, había 75.000
refugiados y refugiadas sirios bloqueados en
duras condiciones en la zona desértica
denominada “la berma”, entre los pasos
fronterizos con Siria de Rukban y Hadalat. El
gobierno negaba a la mayoría de ellos la
entrada en Jordania por motivos de
seguridad, aunque en mayo permitió que
entrasen alrededor de 12.000, a los que
confinó en una zona vallada del campo de
refugiados de Azraq denominada “Aldea 5”.
El 21 de junio, las autoridades cerraron la
frontera de Jordania con Siria tras un
atentado suicida con explosivos, limitando el
acceso humanitario periódico a la población
refugiada de “la berma”. Jordania venía
endureciendo sus controles en la frontera
desde 2012. Las autoridades expulsaron
también a varias personas refugiadas por
presuntos motivos de seguridad.
Según la ONU, Jordania había recibido en
julio sólo un 45% de los fondos solicitados a
la comunidad internacional para cubrir las
necesidades de la población refugiada
procedente de Siria. Los informes indicaban
que alrededor del 86% de las personas
refugiadas sirias que residían en zonas
urbanas de Jordania vivían por debajo del
umbral de pobreza y tenían un acceso
limitado a los servicios.
PENA DE MUERTE
Los tribunales impusieron condenas a
muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.
En febrero, un portavoz del gobierno
desmintió las informaciones de los medios de
comunicación según las cuales las
autoridades tenían previsto ejecutar a 13
personas.
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 265