AMNISTÍA INTERNACIONAL

fueron acusados oficialmente en relación con
la detención ilegal, la tortura y la violencia
sexual cometidas contra Emma Guadalupe
Molina Theissen, y con la desaparición
forzada de Marco Antonio Molina Theissen.
Según las ONG locales, se suspendieron
varias audiencias judiciales y el poder judicial
impuso restricciones y requisitos tanto a los
familiares de la víctima como a la población
en general. Varios miembros de la familia
Molina Theissen fueron objeto de
hostigamiento, también a través de Internet.
Las mujeres de la familia hubieron de
afrontar formas concretas de violencia de
género, incluidos acoso y trato denigrante.
En febrero, el Juzgado de Mayor Riesgo A
dictó una sentencia histórica en la que dos
ex mandos del ejército fueron declarados
culpables de crímenes de lesa humanidad
por someter a 11 mujeres indígenas maya
q’eqchi a violencia sexual y esclavitud
doméstica y sexual. Dichos crímenes se
cometieron en una base militar situada en la
comunidad de Sepur Zarco, durante el
conflicto armado interno. 2
En junio, el Juzgado de Mayor Riesgo A
resolvió que ocho ex miembros del ejército
debían ser juzgados por cargos relativos a
desapariciones forzadas y homicidios
ilegítimos cometidos en una base militar
conocida actualmente como Creompaz, en la
región de Alta Verapaz, en el norte del país. 3
Los familiares de las víctimas sufrieron acoso
en Internet, intimidación dentro y fuera del
juzgado, vigilancia y amenazas.
Las organizaciones de la sociedad civil
siguieron reclamando la aprobación de la Ley
3590, que establecía una Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas Víctimas de
Desaparición Forzada y Otras Formas de
Desaparición. Dicha ley, presentada por
primera vez ante el Congreso de Guatemala
en 2006, no se había debatido al concluir
2016.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Los defensores y defensoras de los derechos
humanos hacían frente a amenazas,
estigmatización, intimidación y agresiones de
forma continuada. Según la ONG
UDEFEGUA, 14 defensores y defensoras de
los derechos humanos habían sido víctimas
de homicidio. El grupo que más ataques
sufría era el de los defensores y defensoras
de los derechos humanos ambientales. Los
defensores y defensoras de la tierra, el
territorio y el medio ambiente hacían frente a
difamaciones e intentos de criminalización,
tanto por parte de las autoridades en
declaraciones públicas como por parte de
ciudadanos particulares, así como mediante
procesos penales sin fundamento. 4
El enjuiciamiento del defensor de los
derechos humanos Daniel Pascual por
cargos penales de calumnia, difamación e
injuria continuó durante el año. Los cargos
estaban relacionados con unas declaraciones
públicas que había realizado en 2013. La
jueza rechazó la petición del acusado de que
el caso se tratara de conformidad con la Ley
Constitucional de Emisión del Pensamiento y
no mediante proceso penal ordinario. El 7 de
junio, la Corte de Constitucionalidad dictó
una orden provisional que suspendía
temporalmente el proceso contra Daniel
Pascual.
A principios de año, una conocida
defensora de los derechos humanos recibió
amenazas de muerte contra ella y contra sus
hijos. Dichas amenazas coincidieron con la
publicación, el 6 de abril, de un anuncio de
pago en un periódico en el que el presidente
de una empresa privada tildaba a las ONG de
derechos humanos de enemigas del país
afirmando que su propósito era detener el
desarrollo económico.
El 22 de julio, el Juzgado de Mayor Riesgo
A de la Ciudad de Guatemala absolvió a siete
defensores de los derechos del pueblo
indígena maya q’anjob’al. Habían sido
acusados de detención ilegal, amenazas e
incitación a delinquir. En el momento de su
liberación, llevaban más de un año detenidos
en espera de juicio.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
Durante decenios, la población guatemalteca
había migrado a Estados Unidos a través de
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 217