AMNISTÍA INTERNACIONAL

Institucionales y Derechos Humanos, en
asociación con el Centro de Recursos para la
Participación Pública, realizó un estudio en
112 municipios del nordeste de Rumania y
concluyó que 82 de las 394 escuelas de la
región sometían a los niños y niñas romaníes
a algún tipo de segregación. En noviembre y
diciembre, el Ministerio de Educación llevó a
cabo una consulta pública sobre un proyecto
de marco para prohibir la segregación en las
escuelas. El marco ampliaba los criterios de
inclusión en la educación, establecía nuevas
obligaciones jurídicas y sanciones para las
autoridades y definía el papel de una
Comisión Nacional para la Eliminación de la
Segregación y la Inclusión.
POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD
En enero, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos concluyó que Rumania había
vulnerado los derechos de cuatro personas
de la familia Boaca, tras determinar que
habían sido sometidas a tortura y otros malos
tratos y habían sufrido discriminación. En
marzo de 2006, unos agentes de policía las
habían agredido en la comisaría de Clejani,
en el departamento de Giurgiu. Una de ellas,
Ion Boaca, padre de las otras tres, pasó 19
días hospitalizado a consecuencia de los
puñetazos y las patadas en las costillas que
recibió.
En junio, el Comité de Ministros del
Consejo de Europa puso fin a la supervisión
de la ejecución de un conjunto de sentencias
clave del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos —conocidas colectivamente como
“grupo de causas Barbu Anghelescu”—
relacionadas con la brutalidad policial contra
personas romaníes y la falta de eficacia en su
investigación, incluida su posible motivación
racista. El Centro Europeo de Derechos de
los Romaníes, el Centro Romaní de
Intervención y Estudios Sociales y el Comité
Rumano de Helsinki alertaron contra esta
decisión, al considerar que el gobierno no
había tomado medidas adecuadas para
ejecutar las sentencias y abordar el racismo
generalizado de las instituciones, entre otros
problemas.
DISCRIMINACIÓN: PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Se creó el mecanismo de vigilancia previsto
en la Convención de la ONU sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad,
ratificada por Rumania en 2011, pero al
concluir 2016 aún no estaba en
funcionamiento.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
El Código Civil prohibía los matrimonios y las
uniones civiles entre personas del mismo
sexo y no reconocía los contraídos en el
extranjero. El Tribunal Constitucional seguía
estudiando el caso de una pareja
homosexual que había solicitado que se
reconociera su matrimonio, oficiado en
Bélgica. En noviembre, el Tribunal
Constitucional solicitó al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea una interpretación
armónica de la legislación de la UE sobre
libertad de circulación y residencia para las
parejas del mismo sexo.
La Coalición por la Familia, grupo formado
por unas 30 asociaciones y fundaciones,
llevó a cabo hasta mayo una campaña para
presentar una propuesta legislativa con el fin
de restringir en la Constitución la definición
de “familia” como “matrimonio entre
cónyuges” a “matrimonio entre un hombre y
una mujer”. En julio, el Tribunal
Constitucional permitió que la propuesta se
llevara al Parlamento para decidir si debía
celebrarse un referéndum nacional. La
decisión seguía pendiente al terminar el año.
En abril, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos concluyó que las autoridades no
habían investigado de forma efectiva las
agresiones contra participantes en la marcha
del Orgullo de Bucarest en 2006, incluida su
posible motivación discriminatoria.
SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
En junio, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos celebró una audiencia pública en
la causa contra Rumania por complicidad en
386 Informe 2016/17 Amnistía Internacional