AMNISTÍA INTERNACIONAL

niñas, y más de 7.000 habían resultado
heridos. La Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU
informó de que en octubre el conflicto había
provocado el desplazamiento forzado de más
de 3,27 millones de personas y de que casi
21,2 millones —el 80% de la población—
dependían de la asistencia humanitaria.
En abril comenzaron en Kuwait unas
conversaciones de paz entre las partes en el
conflicto, auspiciadas por la ONU y
acompañadas de un breve alto en las
hostilidades. Tras el fracaso de las
negociaciones el 6 de agosto, los combates
se intensificaron. El 25 de agosto, el
secretario de Estado estadounidense, John
Kerry, anunció un “nuevo enfoque para las
negociaciones” que al finalizar el año no
había producido resultados claros.
Las fuerzas huzíes y sus aliados
nombraron un Consejo Político Supremo de
10 miembros para gobernar Yemen, que a su
vez nombró al ex gobernador de Aden
Abdulaziz bin Habtoor para dirigir un
gobierno de “salvación nacional”. En
septiembre, el presidente Hadi ordenó el
traslado del Banco Central de Saná a Adén,
lo que agravó la crisis fiscal causada por el
agotamiento de sus reservas y la crisis
humanitaria, al reducir la capacidad del
gobierno huzí de facto de Saná para importar
alimentos, combustible y material médico
esenciales.
CONFLICTO ARMADO
Violaciones del derecho internacional
cometidas por grupos armados
Las fuerzas huzíes y sus aliados, entre los
que había unidades del ejército leales al ex
presidente Salé, cometieron reiteradas
violaciones del derecho internacional
humanitario, como ataques indiscriminados y
desproporcionados. En las zonas que
controlaban pusieron en peligro a la
población civil al lanzar ataques desde las
proximidades de escuelas, hospitales y
viviendas y exponer así a sus ocupantes a
sufrir ataques de las fuerzas
progubernamentales, incluidos bombardeos
aéreos de la coalición dirigida por Arabia
Saudí. También dispararon
indiscriminadamente municiones explosivas
con un radio de acción amplio, como
bombas de mortero y proyectiles de artillería,
contra zonas residenciales controladas o
disputadas por fuerzas que se oponían a
ellas, sobre todo en la ciudad de Taiz,
causando la muerte y heridas a civiles. En
noviembre se tuvo noticia de que las fuerzas
huzíes y sus aliados habían efectuado al
menos 45 ataques ilícitos en Taiz, matando e
hiriendo a decenas de civiles. La ONU
informó de que un ataque cometido el 4 de
octubre había matado a 10 civiles, entre ellos
6 niños y niñas, y herido a otros 17 en una
calle próxima al mercado de Bir Basha. Los
huzíes y sus aliados también siguieron
colocando minas terrestres antipersonal,
prohibidas internacionalmente, que causaron
víctimas civiles, y reclutaron y desplegaron a
niños y niñas soldados. En junio, el secretario
general de la ONU informó de que los huzíes
habían sido responsables del 72% de los 762
casos verificados de reclutamiento de niños y
niñas soldados durante el conflicto.
En Saná y otras zonas bajo su control, los
huzíes y sus aliados detuvieron
arbitrariamente a personas que expresaban
críticas u oposición, así como a periodistas,
defensores y defensoras de los derechos
humanos y miembros de la comunidad
bahaí, sometiendo a decenas de ellas a
desaparición forzada. Hombres armados
pertenecientes a Ansarullah, el brazo político
huzí, practicaron numerosas detenciones en
viviendas, centros de trabajo, puestos de
control o lugares públicos como mezquitas
sin orden judicial o motivos expresos, y sin
revelar adónde se llevaban a las personas
detenidas o dónde iban a ser recluidas.
En muchos casos las recluían en lugares
no oficiales, como domicilios particulares, sin
informarles del motivo de la detención ni
darles ningún medio para impugnar su
legalidad, como acceso a abogados y a los
tribunales. Algunas fueron sometidas a
desaparición forzada y recluidas en lugares
secretos; las autoridades huzíes se negaban
a reconocer su detención, así como a revelar
información sobre ellas o permitirles acceder
468 Informe 2016/17 Amnistía Internacional