AMNISTÍA INTERNACIONAL

interrogatorio, y se usaban sobre todo para
obligarlas a “confesar”. Era habitual que las
personas bajo custodia del Ministerio de
Inteligencia y la Guardia Revolucionaria
fueran objeto de reclusión prolongada en
régimen de aislamiento, lo que constituía
tortura.
Las autoridades se abstenían por sistema
de investigar las denuncias de tortura y otros
malos tratos, y a veces amenazaban con
someter a los denunciantes a nuevas torturas
y penas severas. Los jueces seguían
admitiendo “confesiones” obtenidas
mediante tortura como prueba inculpatoria, a
pesar de que el Código de Procedimiento
Penal de 2015 las excluía. El Código no
establecía el procedimiento que debían
seguir jueces y fiscales para investigar las
denuncias de tortura y asegurarse de que las
“confesiones” eran voluntarias. Otras
disposiciones contenidas en él, como la que
garantizaba el derecho de la persona
detenida a asistencia letrada desde el
momento de la detención y durante la fase
de investigación, eran ignoradas con
frecuencia en la práctica, lo que facilitaba la
tortura.
Las autoridades judiciales, especialmente
la fiscalía, y las autoridades penitenciarias
negaban a menudo a las personas
encarceladas por motivos políticos, presos y
presas de conciencia incluidos, el acceso a la
atención médica adecuada, en muchas
ocasiones para castigarlas u obligarlas a
hacer “confesiones”.
En junio, Nader Dastanpour murió bajo
custodia a consecuencia de lesiones
sufridas, según su familia, durante su tortura
en una comisaría de policía de Teherán. No
se tuvo constancia de ninguna investigación
independiente.
Penas crueles, inhumanas o degradantes
Las autoridades judiciales continuaron
imponiendo y aplicando penas crueles,
inhumanas o degradantes, que constituían
tortura, como flagelación, ceguera y
amputación. A veces se ejecutaba la pena en
público.
En abril, el fiscal de Golpayegan, provincia
de Isfahán, anunció que un hombre y una
mujer declarados culpables de “tener una
relación ilegítima” habían sido condenados a
recibir 100 latigazos cada uno.
En mayo, el fiscal de la provincia de
Qazvin anunció que las autoridades habían
detenido a 35 jóvenes de ambos sexos que
estaban “bailando y confraternizando en una
fiesta de graduación [...] semidesnudos
mientras consumían alcohol” y que en 24
horas los habían declarado culpables de
realizar actos “incompatibles con la castidad,
que alteraban a la opinión pública”. Las
autoridades ejecutaron las penas de 99
latigazos a que habían sido condenados en
una vista judicial especial celebrada el
mismo día.
En la provincia de Azerbaiyán Occidental,
las autoridades ejecutaron las penas de
flagelación de entre 30 y 100 latigazos
impuestas a 17 mineros que habían
participado en una protesta contra las
condiciones laborales y los despidos en la
mina de oro de Agh Darreh en 2014. En
junio, un tribunal penal de la provincia de
Yazd impuso a 9 mineros penas de
flagelación de entre 30 y 50 latigazos.
En julio, un tribunal de apelación condenó
al periodista y bloguero Mohammad Reza
Fathi a recibir 459 latigazos por los cargos de
“publicar mentiras” y “crear inquietud en la
opinión pública” con sus textos.
En noviembre se cegó de ambos ojos a un
hombre en Teherán como castigo por haber
dejado ciega a una niña de cuatro años en
junio de 2009. Varios presos más, como
Mojtaba Yasaveli y Hossein Zareyian, seguían
corriendo peligro de ser cegados. Médicos
pertenecientes a la Organización de Medicina
Legal de Irán, de carácter oficial, asesoraron
como “expertos” al Tribunal Supremo sobre
la forma médicamente factible de aplicar las
penas de ceguera, acto contrario a la
deontología médica.
En abril, las autoridades judiciales de la
Prisión Central de Mashhad amputaron
cuatro dedos de la mano derecha y los dedos
del pie izquierdo a un hombre que había sido
declarado culpable de robo a mano armada.
246 Informe 2016/17 Amnistía Internacional