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AMNISTÍA INTERNACIONAL

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SEGURIDAD Y MEDIDAS<br />

ANTITERRORISTAS<br />

Aumentó el número de detenciones y juicios<br />

por terrorismo. Los tribunales condenaron a<br />

muerte al menos a dos hombres y a penas<br />

de prisión a otras personas. En julio entró en<br />

vigor una ley de 2015 que exigía que todos<br />

los ciudadanos y todas las personas<br />

residentes en Kuwait entregasen muestras de<br />

su ADN a las autoridades, a pesar de los<br />

llamamientos internacionales para que se<br />

modificara la ley por ser desproporcionada y<br />

una violación del derecho a la privacidad. La<br />

ley penaba su incumplimiento o la ausencia<br />

de una excusa válida para entregar la<br />

muestra con penas de hasta un año de<br />

prisión y multas de hasta 10.000 dinares<br />

kuwaitíes (33.150 dólares estadounidenses).<br />

En mayo, el Tribunal de Casación confirmó<br />

la condena a muerte impuesta a un hombre<br />

declarado culpable de perpetrar el atentado<br />

con explosivos contra la mezquita Imam<br />

Sadiq de la ciudad de Kuwait en julio de<br />

2015, aunque redujo la pena del otro<br />

acusado a 15 años de prisión. El Tribunal no<br />

había excluido como prueba en las<br />

actuaciones declaraciones presuntamente<br />

obtenidas bajo tortura y otros malos tratos.<br />

En enero, el Tribunal Penal condenó a<br />

muerte a 2 hombres y a penas de entre cinco<br />

años de prisión y cadena perpetua a otros<br />

20, por cargos que incluían “espiar para Irán<br />

y Hezbolá”. Algunos de los 26 hombres<br />

enjuiciados en la causa denunciaron que<br />

agentes de los servicios de seguridad los<br />

habían torturado cuando estaban en<br />

detención preventiva para obligarlos a hacer<br />

“confesiones”. El Tribunal no investigó las<br />

denuncias. En julio, un tribunal de apelación<br />

confirmó una de las condenas a muerte,<br />

redujo otras penas y absolvió a 9 de los<br />

enjuiciados. Posteriormente, las autoridades<br />

remitieron otra vez a juicio a 17 de ellos por<br />

nuevos cargos de terrorismo.<br />

PRIVACIÓN DE LA NACIONALIDAD<br />

En abril, el Tribunal Administrativo de<br />

Casación rechazó el fallo del Tribunal<br />

Administrativo de Apelación por el que se<br />

declaraba incompetente para conocer de la<br />

demanda presentada por el ex parlamentario<br />

Abdullah Hashr al Barghash contra la<br />

decisión del gobierno de revocarle la<br />

nacionalidad kuwaití. En diciembre, el<br />

Tribunal de Casación rechazó su recurso.<br />

DISCRIMINACIÓN: BIDUN<br />

Las autoridades seguían negando la<br />

ciudadanía kuwaití a más de 100.000 bidun<br />

(apátridas) residentes en Kuwait. En mayo, el<br />

Parlamento aprobó un proyecto de ley que<br />

concedía la ciudadanía kuwaití a un máximo<br />

de 4.000 bidun y lo remitió al gobierno; al<br />

finalizar 2016 no se había promulgado aún la<br />

ley. El gobierno del Estado insular de<br />

Comoras declaró en mayo que estudiaría la<br />

posibilidad de conceder la “ciudadanía<br />

económica” a los bidun si recibía una<br />

solicitud oficial de las autoridades kuwaitíes.<br />

DERECHOS DE LAS MUJERES<br />

Las mujeres seguían estando discriminadas<br />

en la legislación y en la práctica. En mayo, el<br />

Comité para Asuntos Legislativos y Jurídicos<br />

aprobó una propuesta de reforma de la ley<br />

de ciudadanía que permitía que las kuwaitíes<br />

transmitieran su nacionalidad a sus hijos e<br />

hijas con independencia de la nacionalidad<br />

del padre. Al concluir el año aún no se había<br />

promulgado la reforma.<br />

DERECHOS DE TRABAJADORES Y<br />

TRABAJADORAS MIGRANTES<br />

Los trabajadores y trabajadoras migrantes, en<br />

especial los del servicio doméstico, la<br />

construcción y otros sectores, seguían<br />

sufriendo explotación y abusos con el<br />

sistema oficial de patrocinio laboral (kafala),<br />

que los ataba a sus empleadores y les<br />

impedía cambiar de trabajo o salir del país<br />

sin su permiso. En julio, las autoridades<br />

dictaron un decreto que establecía salarios<br />

mínimos para los trabajadores y trabajadoras<br />

domésticos, en su mayoría mujeres.<br />

PENA DE MUERTE<br />

Los tribunales impusieron la pena de muerte<br />

por delitos como el asesinato y cargos de<br />

276 Informe 2016/17 Amnistía Internacional

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