AMNISTÍA INTERNACIONAL

concluyó que debía quedar en libertad. El
Tribunal Supremo reaccionó revisando la
causa los días 11 y 12 de julio, pero no
aceptó la conclusión del Comité y ordenó un
nuevo juicio, que comenzó ante el Tribunal
Regional de Chui el 4 de octubre y continuó
hasta el 20 de diciembre. La sentencia se
esperaba para enero de 2017. Azimjan
Askarov participó en las 10 vistas que se
celebraron, sentado en una jaula de metal.
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
En mayo, el Parlamento rechazó en su
tercera lectura el proyecto de ley de “agentes
extranjeros”, presentado originalmente en
2014. De aprobarse, la ley habría obligado a
adoptar y usar públicamente la
estigmatizante calificación de “agentes
extranjeros” a las ONG que recibieran ayuda
extranjera y participaran en cualquier tipo de
“actividad política”, concepto que permitía
interpretar muy ampliamente.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
En mayo, la comisión parlamentaria sobre
orden público y lucha contra la delincuencia
retiró un anteproyecto de ley dirigido a
penalizar el acto de “promover una actitud
positiva” hacia las “relaciones sexuales no
tradicionales”, para someterlo a revisión
adicional antes de la votación parlamentaria
final. Según afirmaciones de activistas de los
derechos de las personas LGBTI, aunque no
se hubiera aprobado aún, la ley ya pendía
“sobre sus cabezas” y coartaba sus
actividades.
NOVEDADES JURÍDICAS,
CONSTITUCIONALES E
INSTITUCIONALES
En un referéndum celebrado el 11 de
diciembre, la población votó a favor de
aceptar reformas constitucionales que
socavaban la protección de los derechos
humanos. Estas reformas introducían
cláusulas sobre los “valores supremos del
Estado” y debilitaban la supremacía del
derecho internacional sobre el derecho
interno establecida en la Constitución actual.
Una reforma al artículo sobre el matrimonio y
la familia establecía que la familia se formaba
sobre la base de la unión de un hombre y
una mujer; la Constitución vigente no incluía
esa formulación.
DISCRIMINACIÓN: TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES SEXUALES
En junio y julio, la policía llevó a cabo
operaciones coordinadas y selectivas en la
capital, Bishkek, en la región circundante de
Chui y en la ciudad meridional de Osh, en
zonas donde era sabido que se concentraban
trabajadoras sexuales, y detuvieron y
sancionaron a las mujeres que encontraron
allí. Aunque el trabajo sexual no estaba
penalizado en Kirguistán, a algunas de las
mujeres les impusieron multas
administrativas por “vandalismo menor” o
por negarse a presentar sus documentos de
identidad. En junio, altos mandos policiales
hicieron declaraciones discriminatorias y
estigmatizantes sobre las mujeres dedicadas
al trabajo sexual, refiriéndose a la necesidad
de “limpiar” las calles, y alentaron a que
“patrullas comunitarias” fotografiaran a
personas que supuestamente se dedicaban
al trabajo sexual y entregaran las fotos a la
policía. Esto expuso aún más a estas
personas a sufrir intimidación y violencia a
manos de grupos nacionalistas y otros
agentes no estatales que ya habían actuado
contra ellas en el pasado.
Según descubrieron ONG que trabajaban
con personas dedicadas al trabajo sexual, las
mujeres que hacían este trabajo encontraban
obstáculos para acceder a la asistencia
médica, incluidos los servicios de salud
sexual y reproductiva. El trabajo sexual
conllevaba un fuerte estigma en Kirguistán.
Los responsables de prestar asistencia
médica discriminaban a las personas
dedicadas al trabajo sexual negándoles
tratamiento o prestándoles asistencia de baja
calidad, y no respetando el principio de
confidencialidad. Muchas de estas personas
no tenían documentos de identidad, cuya
renovación es muy difícil si no se cuenta con
un domicilio fijo. La falta de esos documentos
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 273