AMNISTÍA INTERNACIONAL

SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
Como ya venían haciendo, las autoridades
lograron que se devolviera al país —mediante
procedimientos de extradición o de otro tipo
— a numerosos ciudadanos y ciudadanas
uzbekos a quienes consideraban
sospechosos de actividad delictiva o
calificaban de opositores o de amenaza para
la seguridad nacional.
Devoluciones
En octubre, las autoridades manifestaron
que, entre enero de 2015 y julio de 2016,
habían logrado que se devolviera a
Uzbekistán a 542 personas.
El gobierno ofrecía garantías a las
autoridades de los Estados emisores,
afirmando que observadores y diplomáticos
independientes tendrían acceso libre y en
condiciones de confidencialidad a las
personas extraditadas y que éstas tendrían
un juicio justo; en realidad, el acceso fue
limitado. En algunos casos, transcurrió hasta
un año hasta que a los diplomáticos se les
concedió permiso para ver a un detenido o
un preso, y por lo general en esas visitas iban
acompañados de funcionarios, lo que
imposibilitaba la confidencialidad de las
conversaciones.
Los funcionarios del Servicio de Seguridad
Nacional mantuvieron la práctica de las
entregas secretas (secuestrando a personas
reclamadas) desde países extranjeros. En
Rusia, los servicios locales de seguridad eran
cómplices de esa práctica en las escasas
ocasiones en las que las autoridades rusas
rechazaban las peticiones de extradición.
Las personas secuestradas o devueltas a
Uzbekistán eran sometidas a detención
incomunicada —a menudo en lugares cuya
ubicación no se daba a conocer—, y se las
sometía a tortura y otros malos tratos con el
fin de obligarlas a “confesar” o inculpar a
otras personas. En muchos casos, las fuerzas
de seguridad presionaban a los familiares
para que no buscasen el respaldo de
organizaciones de derechos humanos y no
presentaran denuncias de presuntas
violaciones de derechos humanos.
El 4 de marzo, agentes de inteligencia
rusos aprehendieron al solicitante de asilo
Sarvar Mardiev cuando salía de una cárcel
rusa tras recobrar la libertad y se lo llevaron
en un vehículo. No se conoció su paradero
hasta que, en octubre, las autoridades
uzbekas confirmaron que Sarvar Mardiev
había sido detenido en Kashkadaria al día
siguiente de quedar libre de su
encarcelamiento en Rusia. Dijeron que se
encontraba detenido en espera de juicio,
acusado de delitos contra el Estado. No se le
permitió contar con asistencia letrada hasta
pasado un mes.
Persecución de familiares
Las autoridades intensificaron la presión
sobre los familiares de personas sospechosas
de haber cometido delitos contra el Estado o
condenadas por haberlos cometido, incluidas
las que trabajaban en otros países o habían
solicitado protección en el extranjero.
Las autoridades recurrieron a la amenaza
de presentar cargos de pertenencia a un
grupo islamista prohibido contra las personas
detenidas para impedir que las familias
revelaran violaciones de derechos humanos y
buscaran ayuda de organizaciones de
derechos humanos en el país o en el
extranjero.
Los comités vecinales de los mahalla
(barrios) siguieron colaborando con las
fuerzas de seguridad y con las autoridades
locales y estatales en la tarea de vigilar
estrechamente a los residentes de su
mahalla para detectar cualquier señal de
actividad o comportamiento considerado
impropio, sospechoso o ilegal. Los comités
vecinales denunciaron públicamente a
residentes y sus familias, y les aplicaron
medidas punitivas.
En febrero, miembros del mahalla donde
vivía la esposa de Aramais Avakian la
informaron de que los residentes habían
decidido expulsarla del barrio junto con sus
hijos por las “acciones de su esposo
terrorista” y porque había concedido
entrevistas a periodistas extranjeros,
458 Informe 2016/17 Amnistía Internacional