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AMNISTÍA INTERNACIONAL

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Convención de la ONU contra la Tortura—<br />

seguía careciendo de personal y recursos<br />

suficientes.<br />

En abril, la Fiscalía de Hannover cerró la<br />

investigación sobre las denuncias de malos<br />

tratos infligidos en 2014 por un agente de la<br />

policía federal a dos refugiados, un afgano y<br />

un marroquí, en los calabozos de la policía<br />

federal de la estación principal de ferrocarril<br />

de Hannover. En septiembre, el Tribunal<br />

Regional Superior, con sede en Celle,<br />

rechazó la solicitud de reabrir la investigación<br />

presentada por una de las víctimas.<br />

DISCRIMINACIÓN<br />

Una segunda comisión de investigación,<br />

establecida por el Parlamento en octubre de<br />

2015, examinó algunos de los casos en que<br />

las autoridades no habían tomado medidas<br />

para investigar delitos racistas y xenófobos<br />

cometidos contra miembros de minorías<br />

étnicas por el grupo ultraderechista<br />

Clandestinidad Nacionalsocialista de 2000 a<br />

2007. No se puso en marcha ninguna<br />

investigación oficial sobre la posible<br />

existencia de racismo institucional entre los<br />

motivos de no haber tomado tales medidas, a<br />

pesar de las recomendaciones formuladas en<br />

2015 por el Comité de la ONU para la<br />

Eliminación de la Discriminación Racial y por<br />

el comisario de Derechos Humanos del<br />

Consejo de Europa.<br />

Se celebraron decenas de manifestaciones<br />

contra las personas refugiadas y<br />

musulmanas por todo el país. En los nueve<br />

primeros meses del año, las autoridades<br />

registraron 813 delitos contra albergues para<br />

solicitantes de asilo y 1.803 delitos contra<br />

solicitantes de asilo, de los cuales 254<br />

tuvieron como resultado lesiones corporales.<br />

Las autoridades no adoptaron una estrategia<br />

nacional adecuada para prevenir los ataques<br />

contra tales albergues.<br />

Las organizaciones de la sociedad civil<br />

continuaron denunciando que la policía<br />

sometía a controles de identidad<br />

discriminatorios a las personas<br />

pertenecientes a minorías étnicas y<br />

religiosas.<br />

En junio, el Tribunal Federal de Justicia<br />

rechazó la solicitud presentada por una<br />

persona intersexual para ser formalmente<br />

inscrita en el registro con una tercera opción<br />

de género; al terminar el año seguía<br />

pendiente su recurso de apelación ante el<br />

Tribunal Constitucional Federal.<br />

SEGURIDAD Y MEDIDAS<br />

ANTITERRORISTAS<br />

En octubre, el Parlamento aprobó una nueva<br />

ley sobre vigilancia que otorgaba al Servicio<br />

Federal de Inteligencia amplias atribuciones<br />

para vigilar a personas no ciudadanas de la<br />

UE sin supervisión judicial efectiva y por una<br />

amplia diversidad de motivos, entre ellos la<br />

seguridad nacional. En agosto, varios<br />

procedimientos especiales de la ONU, entre<br />

ellos el relator especial sobre la libertad de<br />

expresión, manifestaron su preocupación en<br />

relación con los negativos efectos de la<br />

legislación sobre la libertad de expresión y<br />

con la falta de supervisión judicial.<br />

En abril, el Tribunal Constitucional Federal<br />

resolvió que algunos de los poderes de<br />

vigilancia de la Oficina Federal de<br />

Investigación Criminal, introducidos en 2009<br />

para combatir el terrorismo y la delincuencia<br />

en general, eran inconstitucionales. Algunos<br />

de ellos en particular no garantizaban el<br />

respeto del derecho a la privacidad. Las<br />

disposiciones relativas a tales poderes<br />

continuaron vigentes en espera de su<br />

reforma.<br />

COMERCIO DE ARMAS<br />

En marzo, el gobierno adoptó el marco<br />

jurídico necesario para realizar controles<br />

selectivos posteriores a los envíos con el fin<br />

de mejorar la vigilancia de las exportaciones<br />

alemanas de armamento de guerra y de tipos<br />

específicos de armas de fuego y así<br />

garantizar que se cumplían los certificados<br />

de uso final y que esas armas no se<br />

utilizaban para cometer violaciones de<br />

derechos humanos. Estos controles<br />

permitirían verificar tras el envío el paradero<br />

de las armas de guerra exportadas en los<br />

países receptores. Los gobiernos que<br />

recibieran material militar alemán tendrían<br />

Informe 2016/17 Amnistía Internacional 73

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