AMNISTÍA INTERNACIONAL

educación, salud y otros ámbitos. La
enmienda fue aprobada por la Cámara de
Representantes y el Senado, y fue
fuertemente criticada por el relator especial
de la ONU sobre la extrema pobreza y los
derechos humanos.
En el Congreso, estaban pendientes de
debate varias propuestas que afectarían a los
derechos de las mujeres, los pueblos
indígenas, la infancia y las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI). En septiembre, una
comisión especial de la Cámara de
Representantes aprobó cambios en el
derecho de familia para definir la familia
como la unión entre un hombre y una mujer.
Brasil todavía no había ratificado el Tratado
sobre el Comercio de Armas ni firmado la
Convención sobre Municiones en Racimo.
Brasil desempeñó un papel significativo en
las negociaciones en curso sobre un tratado
que prohibiría las armas nucleares, cuya
conclusión estaba prevista para 2017.
En diciembre, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos declaró al Estado de
Brasil culpable de tolerar el trabajo esclavo y
la trata de personas, basándose en las
condiciones que soportaban los trabajadores
y trabajadoras agrícolas del estado
septentrional de Pará.
SEGURIDAD PÚBLICA
Los homicidios y la violencia por arma de
fuego seguían siendo elevados en todo el
país; se estimaba que la cifra de víctimas de
homicidio en 2015 superaba las 58.000. Las
autoridades no propusieron un plan para
abordar la situación.
El 29 de enero, 10 personas murieron y 15
resultaron heridas a manos de hombres
armados en la ciudad de Londrina, en el
estado de Paraná. Seis de las siete personas
detenidas durante la investigación del
incidente eran agentes de la Policía Militar.
En marzo, tras visitar Brasil, la relatora
especial de la ONU sobre cuestiones de las
minorías presentó ante el Consejo de
Derechos Humanos sus recomendaciones
para abolir tanto la Policía Militar como la
clasificación automática de los homicidios
policiales como “resistencia seguida de
muerte” (lo que presuponía que la policía
actuaba en defensa propia y, por tanto, no
daba lugar a ninguna investigación).
En septiembre, tras varios días de asaltos
de bandas delictivas contra autobuses y
edificios públicos, el gobierno federal autorizó
el despliegue de las Fuerzas Armadas en el
estado de Rio Grande do Norte para apoyar a
la policía. Al menos 85 personas fueron
detenidas por su presunta participación en
los asaltos.
El 18 de noviembre, siete hombres
murieron por disparos en Imperatriz,
Maranhão, después de que un agente de la
Policía Militar fuera de servicio sufriera un
intento de robo y agresión.
Juegos Olímpicos de 2016
Las autoridades y los organizadores de los
Juegos Olímpicos de 2016 no aplicaron las
medidas necesarias para impedir que las
fuerzas de seguridad cometieran violaciones
de derechos humanos antes de la
celebración del acontecimiento deportivo y
en su transcurso. 1 Esto dio lugar a la
repetición de abusos ya cometidos durante
otros grandes eventos deportivos celebrados
en la ciudad de Río de Janeiro, como por
ejemplo los Juegos Panamericanos de 2007
o la Copa Mundial de la FIFA de 2014.
Decenas de miles de militares y agentes
de seguridad fueron desplegados en Río de
Janeiro. El número de personas muertas a
manos de la policía en esa ciudad durante el
periodo inmediatamente anterior a los juegos,
entre abril y junio, aumentó un 103% en
relación con el mismo periodo de 2015.
Durante los Juegos Olímpicos (del 5 al 21
de agosto), las operaciones policiales se
intensificaron en zonas concretas de Río de
Janeiro, entre ellas las favelas de Acari,
Cidade de Deus, Borel, Manguinhos, Alemão,
Maré, Del Castilho y Cantagalo. Los
residentes denunciaron intensos tiroteos que
duraban horas y abusos contra los derechos
humanos, que incluían registros ilegales de
casas, amenazas y agresiones físicas. La
policía admitió haber matado al menos a 12
personas durante los Juegos Olímpicos en la
112 Informe 2016/17 Amnistía Internacional