AMNISTÍA INTERNACIONAL

ciudad de Río de Janeiro y haber participado
en 217 tiroteos durante operaciones
policiales llevadas a cabo en el estado. 2
Durante el relevo de la antorcha olímpica
por el país, la policía respondió con fuerza
excesiva e innecesaria a manifestaciones
pacíficas celebradas en Angra dos Reis y
Duque de Caxias, ambos en el estado de Río
de Janeiro. Se emplearon
indiscriminadamente balas de goma,
granadas paralizantes y gas lacrimógeno
contra manifestantes pacíficos y transeúntes,
entre los que había niños y niñas.
El 10 de mayo, la presidenta Rousseff
firmó la denominada “Ley General de las
Olimpiadas” (Ley núm. 13.284/2016), en un
clima de inquietud por la posibilidad de que
dicha ley impusiera restricciones indebidas a
la libertad de expresión y de reunión pacífica,
unas restricciones contrarias al derecho y las
normas internacionales de derechos
humanos. En virtud de las disposiciones de
la nueva ley, decenas de personas fueron
expulsadas de instalaciones deportivas
durante los primeros días de los juegos por
vestir camisetas con lemas o llevar banderas
u otras señales de protesta. El 8 de agosto,
un tribunal federal falló contra la prohibición
de realizar protestas pacíficas en el interior
de las instalaciones olímpicas.
El 5 de agosto, día de la ceremonia de
inauguración de los juegos, se celebró cerca
del estadio de Maracanã, en la ciudad de Río
de Janeiro, una protesta contra el impacto
negativo de los Juegos Olímpicos. La policía
la reprimió haciendo un uso innecesario de la
fuerza y empleó gas lacrimógeno para
dispersar a los manifestantes en una plaza
en la que había niños jugando. La mayoría de
los agentes que intervinieron en la represión
de la manifestación no llevaban identificación
policial adecuada.
El 12 de agosto, también cerca del estadio
de Maracanã, la Policía Militar hizo un uso
innecesario y excesivo de la fuerza para
reprimir duramente una protesta encabezada
principalmente por estudiantes. En torno a
50 manifestantes fueron detenidos y uno
resultó herido; la mayoría eran menores de
18 años. Al terminar el año, algunos de los
detenidos estaban siendo investigados por
infracciones establecidas en el Estatuto del
Aficionado al Fútbol (Estatuto do Torcedor),
que tipificaba como delito alterar el orden o
provocar la violencia en un radio de 5 km de
unas instalaciones deportivas.
HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS
Los homicidios cometidos por la policía
seguían siendo elevados, y en algunos
estados aumentaron. En el estado de Río de
Janeiro, 811 personas murieron a manos de
la policía entre enero y noviembre. Se tuvo
noticia de varias operaciones policiales —la
mayoría en favelas— en las que se
produjeron homicidios. Se adoptaron algunas
medidas para reducir la violencia policial en
Río de Janeiro, pero todavía no habían tenido
ningún efecto. Tras una resolución del
Consejo Nacional del Ministerio Público, el 5
de enero la Fiscalía General del Estado de
Río de Janeiro creó un grupo de trabajo para
supervisar las actividades de la policía y las
investigaciones de homicidios policiales. La
Policía Civil anunció que las investigaciones
de todos los casos de homicidios a manos de
la policía se transferirían progresivamente a
la división especializada en homicidios.
La mayoría de los homicidios cometidos
por policías quedaban impunes. Nadie había
rendido cuentas por el homicidio ilegítimo de
un niño de dos años, cometido 20 años atrás
(en 1996), durante una operación de la
Policía Militar en la favela de Acari, en la
ciudad de Río de Janeiro. El delito prescribió
el 15 de abril. En octubre se celebró la
primera vista pública ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre
los homicidios de 26 personas cometidos
durante unas operaciones policiales llevadas
a cabo en octubre de 1994 y mayo de 1995
en la favela de Nova Brasilia, en la ciudad de
Río de Janeiro. Los homicidios todavía no se
habían investigado y nadie había
comparecido ante la justicia.
En julio, el fiscal general pidió remitir a la
autoridad federal la investigación de los
homicidios de 12 personas a manos de la
policía, cometidos en febrero de 2015 en el
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 113