AMNISTÍA INTERNACIONAL

DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
Níger acogía en las regiones de Tillabéri y
Tahoua a más de 60.000 personas
refugiadas de Malí que también necesitaban
asistencia.
Continuó en aumento el número de
personas en tránsito a través de Níger que
trataban de llegar a Europa; Agadez fue el
principal punto de tránsito de personas del
África occidental. En octubre, un estudio
llevado a cabo por la Organización
Internacional para las Migraciones reveló que
el 70% de las personas que llegaban a Italia
por mar —muchas de las cuales habían
viajado a través de Níger— habían sido
víctimas de tráfico o explotación, entre ellas
miles de mujeres y niñas obligadas a ejercer
la prostitución en Libia o en Europa. A pesar
de la legislación contra el tráfico de personas
aprobada en 2015, apenas se tomaron
medidas para impedir dicho tráfico en Níger.
Un número indeterminado de personas
murieron en la peligrosa travesía del desierto
en Níger. En junio se encontraron en el
desierto los cadáveres de 14 adultos y 20
menores de edad que habían partido de la
ciudad de Tahoua con la intención de llegar a
Argelia.
En octubre, el Comité de Derechos de los
Trabajadores Migrantes, de la ONU, expresó
varios motivos de preocupación, entre ellos el
trabajo forzoso de trabajadores y trabajadoras
migrantes, incluidos niños y niñas,
especialmente como mano de obra
doméstica y en las minas.
SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
Más de 1.400 personas acusadas de ser
miembros de Boko Haram permanecían
privadas de libertad, muchas de ellas
acusadas formalmente en virtud de la
legislación antiterrorista de Níger. La mayoría
habían sido detenidas en la región de Diffa
desde 2013, aunque algunas estaban
recluidas desde 2012. Entre ellas había
nacionales nigerianos, incluidas personas
refugiadas procedentes de zonas afectadas
por Boko Haram. La inmensa mayoría
permanecían recluidas en situación de
detención prolongada en espera de juicio. En
junio, el fiscal responsable de los casos de
terrorismo afirmó que la mayoría de las
detenciones se habían practicado previa
denuncia, y que la inseguridad y el estado de
excepción en la región de Diffa habían
impedido realizar investigaciones efectivas.
En junio, las autoridades afirmaron que
tenían previsto extraditar a Nigeria a todos los
detenidos nigerianos adultos para reducir el
hacinamiento en las cárceles y porque
Nigeria estaba en mejor posición para
investigar a sus nacionales. El plan se
anunció oficialmente en septiembre. La
tortura y otros malos tratos seguían siendo
prácticas muy extendidas en Nigeria,
especialmente contra personas acusadas de
apoyar a Boko Haram.
Las autoridades anunciaron su intención
de revisar el Código de Procedimiento Penal
para ampliar la detención sin cargos bajo
custodia policial (garde à vue) de 5 a 15 días,
renovables por otros 15 días.
CONDICIONES DE RECLUSIÓN
Las condiciones de reclusión seguían siendo
deficientes a pesar de las medidas adoptadas
para supervisarlas. El gran número de
personas detenidas por su presunta
vinculación con Boko Haram agravaba el
problema. Durante el año, el centro de
detención de Koutoukalé, con capacidad
para 250 personas, duplicó con creces este
número de detenidos; entre ellos había unos
400 presuntos miembros de Boko Haram.
DESAPARICIONES FORZADAS
Seguía sin esclarecerse la suerte corrida por
ocho personas detenidas por las fuerzas de
seguridad en mayo de 2015. El Hadj Kannaï
Kouliyi, Malam Bandama, Ari Kannai, Abor
Madou, Awa Malloumi, El Hadj
Katchouloumi, Mouché Ali Kou Lawan Dalla y
El Hadji Bara fueron detenidos en Nguigmi,
región de Diffa. La petición de información de
las familias sobre el paradero de estas
personas no obtuvo respuesta.
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 331