AMNISTÍA INTERNACIONAL

nuevas y más enérgicas protestas que
desembocaron en enfrentamientos entre la
policía antidisturbios y los manifestantes.
Algunos manifestantes resultaron heridos
durante la dispersión.
JORDANIA
Reino Hachemí de Jordania
Jefe del Estado: rey Abdalá II bin al Husein
Jefe del gobierno: Hani Mulki (sustituyó a Abdalá
Ensour en mayo)
Las autoridades seguían restringiendo el
derecho a la libertad de expresión,
asociación y reunión, y detuvieron y
enjuiciaron a personas que expresaban
críticas u oposición, en aplicación de leyes
penales sobre difamación, blasfemia y
antiterrorismo. Continuaban la tortura y
otros malos tratos en los centros de
detención. Los juicios ante el Tribunal de
Seguridad del Estado eran injustos. Las
mujeres estaban discriminadas en la ley y
en la práctica, y no recibían protección
adecuada contra la violencia sexual y de
otros tipos. Las personas migrantes que
trabajaban en el servicio doméstico sufrían
explotación y abusos. Jordania acogía a más
de 655.000 personas refugiadas de Siria,
pero cerró sus fronteras a nuevas llegadas
en junio. Los tribunales continuaron
imponiendo condenas a muerte. No se
llevaron a cabo ejecuciones.
INFORMACIÓN GENERAL
Jordania seguía formando parte de la
coalición internacional, encabezada por
Arabia Saudí, que participaba en el conflicto
armado de Yemen (véase el apartado sobre
Yemen).
En marzo, el gobierno presentó al rey un
plan nacional de derechos humanos para
introducir mejoras paulatinas en estos
derechos en un periodo de 10 años.
En mayo, el Parlamento aprobó unas
enmiendas a la Constitución que facultaban
al rey para nombrar directamente a altos
cargos de la judicatura, el ejército, la
gendarmería y el Departamento General de
Inteligencia. En las elecciones
parlamentarias, celebradas en septiembre, se
utilizó por primera vez un sistema de
representación proporcional.
Continuaba la inseguridad en la frontera
con Siria. En junio, un atentado con
explosivos causó la muerte de varios
soldados jordanos cerca de una zona
interfronteriza en la que permanecían
bloqueadas 70.000 personas refugiadas
sirias en condiciones extremas. Tras el
ataque, el gobierno cerró los pasos
fronterizos, negando la entrada a los
refugiados que huían del conflicto en Siria.
En diciembre, el ataque de un grupo armado
cerca de Karak mató a 10 personas, 3 de
ellas civiles; el grupo armado Estado Islámico
se atribuyó la responsabilidad.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
El plan nacional de derechos humanos de 10
años del gobierno enumeraba objetivos como
el reforzamiento de las salvaguardias
jurídicas contra la tortura y el aumento de los
enjuiciamientos y de las “sanciones” contra
perpetradores de tortura, pero no estaba
claro si se había hecho alguna de estas
reformas en 2016. Los casos de policías
acusados de torturar a personas detenidas
seguían dejándose en manos de tribunales
especiales de la policía, cuyas actuaciones
no eran independientes ni transparentes.
MUERTES BAJO CUSTODIA
En enero, el Centro de Estudios de Derechos
Humanos Adaleh, ONG con sede en la
capital, Ammán, informó de que en los dos
meses anteriores se habían producido al
menos ocho muertes de detenidos a causa
de tortura. En abril, el coordinador de
derechos humanos del gobierno declaró que
se permitiría que periodistas y activistas de
derechos humanos asistieran a algunos
juicios de los tribunales de la policía, incluido
el de tres agentes acusados de matar a
golpes a Omar al Naser mientras éste estaba
bajo custodia del Departamento de
Investigación Criminal en septiembre de
2015. El juicio fue objeto de largos
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 263