AMNISTÍA INTERNACIONAL

MADAGASCAR
República de Madagascar
Jefe del Estado: Hery Rajaonarimampianina
Jefe del gobierno: Olivier Mahafaly Solonandrasana
(sustituyó a Jean Ravelonarivo en abril)
La pobreza generalizada se sumaba a la
extendida malnutrición y al deterioro de la
atención primaria de salud. Se vulneraban
de forma habitual los derechos de la
infancia. La policía cometía con impunidad
violaciones de derechos humanos y había
funcionarios corruptos implicados en
actividades de trata de personas. Las
mujeres seguían sufriendo discriminación
en la ley y en la práctica. Se restringía el
derecho a la libertad de expresión. Las
condiciones de reclusión seguían siendo
muy malas.
INFORMACIÓN GENERAL
Madagascar se esforzaba por superar la
inestabilidad derivada de una crisis política
que duraba ya cinco años. En abril, después
de semanas de conflicto político, Olivier
Mahafaly Solonandrasana sustituyó a Jean
Ravelonarivo como primer ministro.
Los niveles extremos de pobreza eran
generalizados: aproximadamente el 91% de
la población vivía con menos de 2 dólares
estadounidenses al día. En el sur del país, la
sequía agravó una situación humanitaria ya
muy precaria. Según organismos de la ONU,
1,2 millones de personas (aproximadamente
el 80% de la población) residentes en el sur
se hallaban en situación de inseguridad
alimentaria, que para 600.000 era
inseguridad alimentaria grave.
DERECHO A LA SALUD
La mortalidad neonatal y materna seguía
siendo muy elevada, y el deterioro del
sistema de atención primaria de salud era un
gran obstáculo para el acceso incluso a
servicios de salud básicos. Preocupaban
especialmente el acceso limitado al agua
potable y las deficiencias en saneamiento y
prácticas de higiene, máxime teniendo en
cuenta el nivel de malnutrición crónica.
DERECHOS DE LA INFANCIA
En Madagascar, el 47% de los niños y niñas
padecían retraso en el crecimiento, y casi el
10%, malnutrición aguda.
Mientras las familias trataban de hacer
frente a los efectos de la sequía, se informó
de un aumento alarmante de la explotación
económica: había trabajo infantil en las
minas y en el pastoreo de ganado, y casos de
explotación sexual y de matrimonio precoz.
La tasa de abandono escolar en la enseñanza
primaria alcanzaba el 40% en algunas
comunidades, según UNICEF.
Continuó la trata de niños y niñas para el
comercio sexual, a menudo con la
participación de familiares; era más
frecuente en los destinos turísticos y cerca de
las explotaciones mineras.
IMPUNIDAD
El gobierno no garantizaba el respeto del
Estado de derecho y permitía que se
cometieran impunemente violaciones de
derechos humanos. En la región meridional
continuaron produciéndose enfrentamientos
mortíferos que involucraron a la policía, los
habitantes de los poblados y ladrones de
ganado armados (dahalos) y causaron
víctimas civiles.
Las organizaciones de la sociedad civil
denunciaron la falta de acceso gratuito y
equitativo a la justicia, así como la corrupción
de funcionarios públicos y su implicación en
actividades de trata de personas.
Madagascar seguía siendo país de origen
de mano de obra forzosa y de personas
sometidas a trata para el comercio sexual. A
pesar de iniciativas recientes, el gobierno no
impidió la trata, no protegió a las víctimas ni
procesó a los presuntos tratantes, incluidos
los funcionarios cómplices.
DERECHOS DE LAS MUJERES
La Ley de Nacionalidad negaba a las mujeres
el derecho a transmitir la nacionalidad a sus
hijos e hijas en pie de igualdad con los
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 291