AMNISTÍA INTERNACIONAL

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
La impunidad por tortura y otros malos tratos
seguía siendo casi absoluta, con numerosas
denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas
de plástico, descargas eléctricas, violaciones
y agresiones sexuales durante las
operaciones policiales y militares. La
violencia sexual como forma de tortura era
habitual durante las detenciones de
mujeres. 1 Por primera vez en dos años, en
abril la Procuraduría General de la República
anunció la presentación de cargos de tortura
contra cinco agentes federales en respuesta
a la filtración de un vídeo en el que se veía a
policías y soldados torturando a una mujer.
También en abril, en un caso excepcional, un
juez federal impuso una condena de 52 años
de prisión a un general del ejército por haber
ordenado una operación en la que se infligió
tortura, se cometió un homicidio y se eliminó
un cadáver en el estado de Chihuahua en
2008.
En abril, el Senado aprobó una iniciativa
de Ley General contra la Tortura que se
ajustaba a las normas internacionales. El
proyecto de ley se reformó, y al concluir el
año seguía pendiente una votación general
en la Cámara de Diputados.
La Unidad Especializada en Investigación
del Delito de Tortura, perteneciente a la
Procuraduría General de la República,
informó de que se estaban revisando a nivel
federal 4.715 expedientes de investigación
de casos de tortura.
Como en años anteriores, en la mayoría de
los casos no se aplicaron los dictámenes
forenses especializados de la Procuraduría
General de la República para supuestos de
posible tortura; había más de 3.000
peticiones pendientes de tramitación. En
muchos casos, sin un dictamen médico
oficial, las investigaciones sobre torturas y
otros malos tratos no avanzaban.
En septiembre, en vista de que México no
aplicaba sus recomendaciones, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
remitió a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos el caso de 11 mujeres
sometidas a violencia sexual como forma de
tortura en San Salvador Atenco en 2006.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
Se registró una cifra sin precedentes de
solicitudes de asilo; hasta octubre se habían
presentado 6.898 solicitudes, el 93% de las
cuales correspondían de personas
provenientes de El Salvador, Honduras y
Guatemala. Se concedió la condición de
refugiado a 2.162 personas, a pesar de que
se estimaba que anualmente más de
400.000 migrantes en situación irregular
cruzaban la frontera sur de México; según las
organizaciones internacionales y los
estudiosos del tema, la mitad de estas
personas podía reunir los requisitos para
obtener asilo. En la mayoría de los casos, las
autoridades no informaban adecuadamente a
las personas migrantes sobre su derecho a
pedir asilo en México.
En agosto entró en vigor una reforma de la
Constitución que reconocía el derecho de
asilo.
La aplicación del Programa Integral
Frontera Sur volvió a dar lugar a un aumento
de las operaciones de seguridad en la
frontera de México con Guatemala y Belice, y
eran frecuentes los informes de extorsión,
expulsiones masivas, secuestros y otros
abusos contra los derechos humanos de las
personas migrantes. Hasta noviembre,
174.526 personas migrantes en situación
irregular habían sido capturadas y detenidas,
y 136.420 habían sido devueltas a sus
países. El 97% de las personas deportadas
eran de Centroamérica. Según datos de
febrero del Congreso de Estados Unidos, el
gobierno estadounidense tenía planes de
destinar 75 millones de dólares a
“operaciones de seguridad y migración” en la
frontera sur de México, a través de la
Iniciativa Mérida.
La Procuraduría General de la República
creó una nueva Unidad de Investigación de
Delitos para Personas Migrantes. Varias
organizaciones de la sociedad civil
participaron en el diseño del Mecanismo de
Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 309