AMNISTÍA INTERNACIONAL

las detenciones masivas de personas
acusadas de apoyar a Boko Haram, el gran
número de detenidos recluidos sin cargos y
la ineficacia del sistema judicial. El gobierno
prometió edificar nuevas prisiones y comenzó
a construir 12 nuevas celdas para la prisión
de Maroua. Las medidas tomadas se
consideraban insuficientes para resolver la
crisis.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
Al menos 276.000 personas refugiadas
procedentes de República Centroafricana
vivían en duras condiciones en campos
superpoblados o con familias de acogida en
zonas fronterizas del sudeste de Camerún.
Unas 59.000 personas refugiadas
procedentes de Nigeria vivían en el campo
de Minawao, gestionado por la ONU, en la
región de Extremo Norte. Sin embargo,
alrededor de 27.000 personas más luchaban
por arreglárselas fuera del campo y se
enfrentaban a la inseguridad alimentaria, la
falta de acceso a servicios básicos y el
hostigamiento de las fuerzas de seguridad.
La inseguridad creada por Boko Haram y las
fuerzas armadas también provocó el
desplazamiento interno de unas 199.000
personas en la región de Extremo Norte. Al
concluir el año se estaban ultimando
acuerdos entre Camerún, Nigeria, República
Centroafricana y el ACNUR (la agencia de la
ONU para los Refugiados) para facilitar el
retorno voluntario de las personas refugiadas.
DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES
El colectivo LGBTI seguía sufriendo
discriminación, intimidación, hostigamiento y
violencia. La penalización de las relaciones
homosexuales se mantuvo cuando en junio
se revisó el Código Penal.
El 2 de agosto, tres jóvenes fueron
detenidos en Yaundé y llevados a una
comisaría de la gendarmería donde los
golpearon, los insultaron y les afeitaron
parcialmente el cabello. Los gendarmes
echaron a los hombres agua fría por encima,
los obligaron a limpiar el edificio de la
gendarmería y les exigieron que “confesaran”
su sexualidad. Los pusieron en libertad al
cabo de 24 horas tras el pago de un soborno.
DERECHO A UN NIVEL DE VIDA
ADECUADO
La violencia de Boko Haram agravó las
penalidades de las comunidades de la región
de Extremo Norte al limitar su acceso a los
servicios sociales básicos, e interrumpió el
comercio, la agricultura y el pastoreo.
Alrededor de 1,4 millones de personas de la
región, en su mayoría niños y niñas,
afrontaban niveles de crisis o emergencia en
lo que se refiere a la inseguridad alimentaria,
y 144 escuelas y 21 centros de salud se
vieron obligados a cerrar debido a la
inseguridad.
Una versión modificada del Código Penal,
aprobada en julio, establecía que las
personas arrendatarias que debieran más de
dos meses de alquiler podrían ser
condenadas a penas de hasta tres años de
prisión. Aproximadamente un tercio de las
familias vivían en alojamientos de alquiler, y
casi la mitad de la población del país vivía
por debajo del umbral de pobreza.
PENA DE MUERTE
Seguían imponiéndose penas de muerte, tras
juicios injustos en tribunales militares, a las
personas acusadas de apoyar a Boko Haram.
Ninguna de ellas fue ejecutada durante el
año. La gran mayoría de los casos fueron
juzgados en virtud de una ley antiterrorista
aprobada en diciembre de 2014 que
adolecía de graves deficiencias.
1. Right cause, wrong means: Human rights violated and justice denied
in Cameroon’s fight against Boko Haram (AFR 17/4260/2016)
CANADÁ
Canadá
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por el
gobernador general David Johnston
Jefe del gobierno: Justin Trudeau
132 Informe 2016/17 Amnistía Internacional