AMNISTÍA INTERNACIONAL

José Ángel Flores y Silmer Dionisio
George, del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA), fueron
asesinados el 18 de octubre. Ambos
defensores de los derechos humanos
murieron por disparos tras haber asistido a
una reunión con varios campesinos y
campesinas en la región del Bajo Aguán, en
el noreste de Honduras. En noviembre,
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), fue objeto de una
campaña de difamación que pretendía
vincularla con cárteles de la droga y
desacreditar su labor de derechos humanos.
COFADEH tenía una larga trayectoria de
promoción de los derechos humanos de los
campesinos en la región del Bajo Aguán.
Según la ONG ACI-PARTICIPA, más del
90% de todos los homicidios y abusos contra
defensores y defensoras de los derechos
humanos quedaron impunes.
Los defensores y defensoras de los
derechos humanos de las personas LGBTI
también estaban particularmente expuestos a
sufrir amenazas y agresiones. René Martínez,
presidente de la Comunidad Gay
Sampedrana en la ciudad de San Pedro Sula,
fue hallado muerto el 3 de junio; su cadáver
presentaba señales de tortura. El Movimiento
Mundial de los Derechos Humanos denunció
que, entre julio de 2015 y enero de 2016, los
integrantes de la Asociación Arcoiris —grupo
de defensa de los derechos de las personas
LGBTI— habían sufrido 36 incidentes
relativos a su seguridad, entre ellos
homicidios, amenazas, vigilancia y
hostigamiento. Se acusó al ejército de
infiltrarse en movimientos sociales y atacar a
defensores y defensoras de los derechos
humanos.
La Ley de Protección para las y los
Defensores de Derechos Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia seguía sin aplicarse
adecuadamente.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
La falta de recursos de las instituciones
responsables de apoyar a los pueblos
indígenas seguía suscitando preocupación.
Varios pueblos indígenas aseguraban que
sus derechos a ser consultados y al
consentimiento libre, previo e informado
habían sido vulnerados en el contexto de
proyectos de exploración y explotación de
recursos naturales en sus territorios. Los
pueblos indígenas seguían teniendo
dificultades para acceder a la justicia en
casos de agresión, incluidos homicidios.
Además de Berta Cáceres, un líder indígena
tolupán fue víctima de homicidio el 21 de
febrero; la CIDH había dictado medidas
cautelares en su favor en diciembre de 2015.
Los responsables aún no habían
comparecido ante la justicia.
DERECHOS DE LAS MUJERES
La violencia contra las mujeres era práctica
habitual. Entre enero y junio fueron
asesinadas 227 mujeres. Durante ese mismo
periodo se registraron 1.498 ataques y 1.375
incidentes de violencia sexual contra
mujeres. El número de denuncias de
agresiones contra mujeres seguía estando
muy por debajo de la realidad. El país seguía
sin disponer de mecanismos específicos de
recopilación y desglose de datos relativos a
feminicidios. El aborto seguía penalizado en
todas las circunstancias, aun cuando la vida
y la salud de la mujer corrieran peligro o el
embarazo fuera consecuencia de violencia
sexual. La anticoncepción de emergencia
seguía prohibida.
SISTEMA DE JUSTICIA
En febrero, el Congreso Nacional designó a
15 nuevos miembros de la Corte Suprema de
Justicia para los siguientes siete años. Varias
organizaciones de la sociedad civil
expresaron preocupación por el proceso de
selección, del que afirmaban que no había
cumplido las normas internacionales de
imparcialidad, independencia y
transparencia.
226 Informe 2016/17 Amnistía Internacional