AMNISTÍA INTERNACIONAL

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Siguieron recibiéndose noticias sobre tortura
y otros malos tratos bajo custodia policial. En
marzo, el agente de policía Jerick Dee
Jimenez fue declarado culpable de haber
torturado al conductor de autobuses Jerryme
Corre y condenado a una pena máxima de
dos años y un mes de prisión. Fue la primera
persona condenada en aplicación de la Ley
contra la Tortura de 2009. Sin embargo, otros
muchos casos aún continuaban a la espera
de justicia. 2 En julio, la Comisión de
Derechos Humanos de Filipinas practicó
sendas autopsias a los cuerpos de Renato y
J. P. Bertes (padre e hijo), que murieron
abatidos por disparos cuando se
encontraban bajo custodia policial. Las
autopsias revelaron señales de tortura en
ambos cadáveres.
A lo largo de todo el año, permaneció
paralizado un proyecto de ley que preveía la
creación de un mecanismo nacional de
prevención. En mayo, el Comité de la ONU
contra la Tortura expresó preocupación por la
tortura policial, e instó a Filipinas a cerrar
todos los centros de detención secreta, en los
que las personas detenidas —algunas de
ellas menores de edad— eran sometidas a
torturas y a otros malos tratos.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
La policía continuó empleando fuerza
innecesaria y excesiva. En abril, la policía
recurrió a la fuerza, incluidas armas de
fuego, para dispersar a más de 5.000
agricultores que, bloqueando una autovía
nacional, se manifestaban en la ciudad de
Kidapawan para pedir ayudas en forma de
suministros de arroz. Durante la operación
murieron al menos dos personas y decenas
resultaron heridas. 3 En julio, la Comisión de
Derechos Humanos de Filipinas publicó un
informe en el que concluía que la policía
había utilizado fuerza excesiva e injustificada,
pero al concluir el año ningún agente de
policía había sido juzgado por delitos
relacionados con esta operación.
En octubre, la policía disolvió brutalmente
una concentración convocada por
organizaciones indígenas frente a la
embajada de Estados Unidos para pedir el fin
de la militarización y de la invasión de sus
tierras ancestrales. En noviembre, al menos
dos personas resultaron heridas cuando un
furgón policial se abalanzó contra unos
manifestantes que protestaban a las puertas
de la embajada estadounidense en Manila.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
En julio, dos hombres armados mataron en
Mariveles (provincia de Bataán) a la activista
medioambiental Gloria Capitan, que se
oponía a un proyecto minero de carbón en su
comunidad. En octubre, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la ONU se mostró preocupado por los
constantes actos de hostigamiento,
desapariciones forzadas y homicidios de los
que eran víctimas los defensores y
defensoras de los derechos humanos, y
resaltó el escaso número de investigaciones,
enjuiciamientos y condenas en relación con
esos delitos.
PENA DE MUERTE
En julio, diputados del partido en el poder
presentaron proyectos de ley que tenían por
objeto reinstaurar la pena de muerte para
numerosos delitos. De ser aprobados, la
pena capital —abolida en 2006— se
aplicaría a delitos como los de violación,
incendio provocado, tráfico de drogas y
posesión de pequeñas cantidades de drogas.
Estos proyectos de ley provocaron
indignación entre las organizaciones de
derechos humanos, que consideraban que
violarían el derecho internacional de los
derechos humanos y no frenarían la
delincuencia. 4 También se presentaron
proyectos de ley que proponían establecer en
nueve años la edad de responsabilidad
penal.
ABUSOS COMETIDOS POR GRUPOS
ARMADOS
Las milicias armadas siguieron cometiendo
abusos contra el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho internacional
200 Informe 2016/17 Amnistía Internacional