AMNISTÍA INTERNACIONAL

arrio de Cabula de la ciudad de Salvador,
estado de Bahía.
El 6 de noviembre, cinco hombres que
habían desaparecido el 21 de octubre, tras
haberse dirigido a ellos unos funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, fueron
hallados muertos en Mogi das Cruzes, São
Paulo. Los cadáveres mostraban señales de
ejecución, y las investigaciones iniciales
llevadas a cabo por las autoridades indicaban
la participación de guardias municipales.
El 17 de noviembre, cuatro jóvenes
murieron por disparos de la unidad ROTA de
la Policía Militar en Jabaquara, São Paulo.
DESAPARICIONES FORZADAS
El 1 de febrero, 12 agentes de la Policía
Militar fueron declarados culpables y
condenados por los delitos de tortura con
resultado de muerte, fraude de
procedimiento y “ocultación de cadáver” en
el caso de la desaparición forzada de
Amarildo de Souza, en Río de Janeiro.
En abril, las investigaciones policiales
declararon a 23 agentes de la Policía Militar
sospechosos de la desaparición forzada de
Davi Fiuza, de 16 años, en la ciudad de
Salvador, estado de Bahía, en octubre de
2014. Sin embargo, el caso no llegó al
Ministerio Público y ninguno de los acusados
había sido juzgado al concluir 2016.
CONDICIONES DE RECLUSIÓN
Las cárceles seguían teniendo graves
problemas de hacinamiento y se
denunciaban torturas y otros malos tratos.
Según el Ministerio de Justicia, al terminar
2015, el sistema penitenciario contaba con
una población de más de 620.000 personas,
aunque su capacidad total era de
aproximadamente 370.000.
Hubo motines carcelarios en todo el país.
En octubre, 10 hombres fueron decapitados
o quemados vivos en una prisión del estado
de Roraima, y 8 murieron de asfixia en una
celda durante el incendio de una prisión en
el estado de Rondônia.
El 8 de marzo, el relator especial sobre la
tortura denunció, entre otras cosas, las
precarias condiciones de vida y la práctica
habitual de la tortura y otros malos tratos a
reclusos por parte de la policía y de los
guardias penitenciarios en Brasil.
En septiembre, un tribunal de apelación
declaró nulos el juicio y las sentencias
dictadas contra 74 agentes de policía por la
masacre de la prisión de Carandiru, ocurrida
en 1992, en la que 111 hombres murieron a
manos de la policía.
LIBERTAD DE REUNIÓN
El año estuvo marcado por una serie de
protestas mayoritariamente pacíficas en todo
el país por cuestiones como el proceso de
destitución, la reforma educativa, la violencia
contra las mujeres, las repercusiones
negativas de los Juegos Olímpicos de 2016 y
la reducción del gasto público en salud y
educación. La respuesta policial fue con
frecuencia violenta, lo que desembocaba en
un uso innecesario y excesivo de la fuerza.
Hasta un millar de escuelas públicas en
todo el país fueron ocupadas pacíficamente
por estudiantes que se oponían a la reforma
educativa y a los recortes propuestos por el
gobierno. En junio, la policía de Río de
Janeiro hizo un uso innecesario y excesivo de
la fuerza para disolver una manifestación
pacífica de estudiantes ante la sede de la
Secretaría de Educación.
La policía hizo uso innecesario de la fuerza
en varios estados para dispersar
manifestaciones contra el nuevo gobierno y
contra la propuesta de reforma constitucional
(PEC 241/55) que limitaría el gasto público.
En São Paulo, una estudiante perdió la visión
del ojo izquierdo debido a la explosión, cerca
de ella, de una granada aturdidora lanzada
por la policía.
En enero, Rafael Braga Vieira, un hombre
que había sido detenido en 2013 tras una
protesta en Río de Janeiro, fue arrestado de
nuevo por cargos falsos de narcotráfico.
El 10 de agosto, un tribunal estatal no
reconoció la responsabilidad del estado por
la pérdida de visión en un ojo de Sergio Silva
a consecuencia del impacto de un dispositivo
disparado por la policía durante una protesta
celebrada en São Paulo en 2013. El tribunal
consideró que el hecho de estar en la
114 Informe 2016/17 Amnistía Internacional