AMNISTÍA INTERNACIONAL

el “sapo” porque querían que se marchara
de la zona.
Paramilitares
Los grupos paramilitares seguían operando
pese a su supuesta desmovilización 10 años
antes. Ya actuaran solos o en connivencia
con agentes del Estado, fueron responsables
de numerosas violaciones de derechos
humanos, incluidos homicidios y amenazas
de muerte. 7
En abril, varias ONG locales denunciaron
que un grupo armado conformado por unos
150 paramilitares de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC) había entrado
en la comunidad afrodescendiente de
Teguerré, en el territorio colectivo de
Cacarica, ubicado en el departamento del
Chocó. Durante el año se tuvo noticia de
otras incursiones de las AGC en la zona de
Cacarica. Algunos líderes comunitarios
fueron amenazados por este grupo
paramilitar, que los había declarado
“objetivos militares”.
Se recibió información cada vez más
abundante sobre incursiones paramilitares
en la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, en el departamento de Antioquia,
algunos de cuyos miembros habían sido
amenazados. 8
Hasta el 30 se septiembre, sólo 180 de los
más de 30.000 paramilitares que
supuestamente habían abandonado las
armas durante el proceso de desmovilización
promovido por el gobierno habían recibido
sentencias condenatorias en virtud de la Ley
de Justicia y Paz de 2005 por crímenes
relacionados con la violación de derechos
humanos; la mayoría de ellos habían
recurrido las sentencias. La mayor parte de
los paramilitares no se sometieron al proceso
de Justicia y Paz, y recibieron amnistías de
facto.
IMPUNIDAD
Muy pocos de los sospechosos de ser
responsables de crímenes de derecho
internacional relacionados con el conflicto
comparecieron ante la justicia. No obstante,
en el marco del proceso de paz, el gobierno y
las FARC pidieron formalmente perdón por
su papel en varios casos emblemáticos de
violaciones de los derechos humanos.
El 30 de septiembre, en La Chinita,
municipio de Apartadó, en el departamento
de Antioquia, las FARC pidieron perdón por
matar a 35 habitantes de la localidad el 23
de enero de 1994.
El 15 de septiembre, el presidente Santos
pidió formalmente perdón por la implicación
del Estado en los homicidios —cometidos
durante las décadas de 1980 y 1990— de
alrededor de 3.000 miembros del partido
Unión Patriótica, fundado por el Partido
Comunista de Colombia y las FARC, que se
enmarcaba en el fallido proceso de paz
durante el gobierno de Belisario Betancur.
En febrero, la Corte Constitucional resolvió
que la reforma (Acto Legislativo Núm. 1) de
2015 que otorgaba a los tribunales militares
competencia para oír los casos relativos al
servicio militar y a los crímenes cometidos en
servicio activo se ajustaba a la Constitución.
La reforma también estipulaba que, en las
investigaciones sobre personal militar
respecto a crímenes relacionados con el
conflicto, sería de aplicación el derecho
internacional humanitario, y no el derecho
internacional de los derechos humanos, a
pesar de que muchos de esos crímenes no
se habían cometido en actos de combate y
de que la inmensa mayoría de las víctimas
eran civiles. Sin embargo, la Corte decidió
que en las investigaciones también sería de
aplicación el derecho internacional de los
derechos humanos. Aun así, se temía que la
sentencia de la Corte ayudara muy poco a
poner fin a la impunidad, dado el terrible
historial del sistema de justicia militar a la
hora de procesar a los miembros de las
fuerzas armadas implicados en violaciones
de derechos humanos.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Siguió informándose de un gran número de
amenazas y homicidios de defensores y
defensoras de los derechos humanos,
especialmente líderes comunitarios, activistas
ambientales y en favor de los derechos sobre
150 Informe 2016/17 Amnistía Internacional