AMNISTÍA INTERNACIONAL

centros controlados por las milicias. Los
métodos de tortura denunciados con más
frecuencia consistían en golpear a la víctima
en la cabeza y el cuerpo con barras
metálicas y cables, colgarla de los brazos o
las piernas en posturas en tensión, aplicarle
descargas eléctricas y amenazarla con violar
a mujeres de su familia. Aparentemente, la
tortura se utilizaba para obtener
“confesiones” o información, y para castigar
a los detenidos. Varias personas murieron
bajo custodia como consecuencia de tortura.
En octubre, combatientes de Movilización
Tribal sometieron a habitantes de pueblos
situados al sur de Mosul, presuntamente
vinculados al Estado Islámico, a golpes con
cables metálicos, humillación pública y
descargas de armas de electrochoque.
JUICIOS INJUSTOS
El sistema de justicia penal continuaba
adoleciendo de graves deficiencias, y los
juicios eran sistemáticamente injustos. Se
negaban de manera habitual a las personas
procesadas, sobre todo a las sospechosas de
terrorismo, los derechos a una defensa
adecuada, a no declarar contra sí mismas ni
a confesarse culpables y a interrogar a los
testigos de la acusación. Los tribunales
seguían admitiendo como prueba
“confesiones” presuntamente obtenidas
mediante tortura sin ordenar investigaciones
sobre las denuncias de los encausados ni
someterlos a un examen forense. Algunas
personas declaradas culpables en juicios
injustos fueron condenadas a muerte.
PERSONAS REFUGIADAS E
INTERNAMENTE DESPLAZADAS
Seguía habiendo en Irak más de 3,1 millones
de personas internamente desplazadas, que
residían en comunidades de acogida o en
campos para personas internamente
desplazadas, asentamientos informales y
edificios en construcción. Muchas vivían en
la indigencia en condiciones terribles,
mientras las agencias humanitarias
informaban de considerables déficits en la
financiación internacional. Miles de personas
huyeron a Siria.
Las autoridades iraquíes y las del gobierno
de la región semiautónoma del Kurdistán
imponían restricciones arbitrarias y
discriminatorias a la libertad de circulación
de las personas internamente desplazadas
que eran árabes suníes. Decenas de miles de
ellas seguían confinadas en campos sin
acceso al mercado laboral ni a servicios
esenciales por carecer de patrocinadores
locales y, por tanto, no poder obtener los
permisos oficiales necesarios para entrar en
las ciudades.
Tras someterse a onerosos controles de
seguridad, decenas de miles de personas
internamente desplazadas pudieron regresar
a zonas que habían estado bajo control del
Estado Islámico tras ser recuperadas por las
fuerzas gubernamentales y sus aliados,
incluidas las ciudades de Ramadi y Faluya.
Sin embargo, decenas de miles de personas
internamente desplazadas que eran árabes
suníes no pudieron regresar a zonas
arrebatadas también al Estado Islámico en
las gobernaciones de Babil, Diyala y Salah al
Din debido a una mezcla de onerosos
trámites burocráticos y tácticas de
intimidación de las milicias, como
secuestros, detenciones arbitrarias y
ejecuciones extrajudiciales. Se prohibió el
regreso a familiares de presuntos
combatientes del Estado Islámico, cuyas
viviendas fueron destruidas deliberadamente
o incautadas en algunos casos. Las fuerzas
peshmerga y otras fuerzas de seguridad
kurdas también impidieron el retorno de
decenas de miles de árabes a quienes el
conflicto había desplazado de las zonas
controladas por el Gobierno Regional del
Kurdistán donde vivían.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN:
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las personas que trabajaban en medios de
comunicación lo hacían en un entorno
peligroso y en ocasiones mortal, y
denunciaban agresiones físicas, secuestros,
intimidación, hostigamiento y amenazas de
muerte por informar de asuntos considerados
242 Informe 2016/17 Amnistía Internacional