AMNISTÍA INTERNACIONAL

de las Naciones Unidas en la República
Centroafricana (MINUSCA), cuyo mandato se
renovó hasta el 15 de noviembre de 2017.
Las fuerzas de esta misión se reforzaron a
raíz de críticas sobre su capacidad de
respuesta a los ataques. 1 Sin embargo, su
capacidad para proteger a la población civil
seguía siendo limitada, debido al gran
tamaño de República Centroafricana y a la
importante presencia de grupos armados y
milicias. Las fuerzas francesas, desplegadas
en el marco de la Operación Sangaris, se
retiraron prácticamente por completo en
octubre.
En octubre, República Centroafricana se
adhirió sin reservas a la Convención de la
ONU contra la Tortura y su Protocolo
Facultativo, la Convención Internacional para
la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas, el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y el Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sin embargo, las autoridades de República
Centroafricana no reconocieron la
competencia de los órganos de tratados
pertinentes.
El 17 de noviembre se celebró en Bruselas
una importante conferencia de donantes
para República Centroafricana. En ella se
presentó el Plan Nacional de Recuperación y
Consolidación de la Paz de República
Centroafricana para 2017-2021, que
solicitaba 105 millones de dólares durante
cinco años que se destinarían a medidas de
apoyo para reforzar el sistema de justicia
nacional y poner en funcionamiento el
Tribunal Penal Especial.
ABUSOS COMETIDOS POR GRUPOS
ARMADOS Y DELITOS DE DERECHO
INTERNACIONAL
Los grupos armados y las milicias cometieron
abusos contra los derechos humanos, tales
como homicidios ilegítimos, tortura y otros
malos tratos, secuestros, agresiones
sexuales, saqueos y destrucción de bienes y
ataques contra personal e instalaciones de
ayuda humanitaria. Algunos de estos abusos
constituían delitos de derecho internacional.
Según la ONU, se denunciaron más de 300
incidentes relacionados con la seguridad de
agencias de ayuda humanitaria en los que
murieron al menos cinco trabajadores
humanitarios. Según ONG internacionales,
los sucesos violentos también mataron a más
de 500 civiles.
El riesgo de ataque de las fuerzas
antibalaka y sus colaboradores continuaba
restringiendo la libertad de circulación de la
población musulmana que vivía en enclaves
en todo el país.
El 3 de septiembre, dos civiles murieron
cuando combatientes ex Seleka se
enfrentaron a la población local y las fuerzas
antibalaka cerca de la ciudad de Dekoa
(distrito de Kemo). Los combatientes ex
Seleka habían escapado de la MINUSCA tres
semanas antes, cuando la fuerza de
mantenimiento de la paz detuvo a 11
miembros ex Seleka que formaban parte de
un convoy en el que viajaban destacados
líderes armados, entre ellos Abdoulaye
Hissène y Haroun Gaye, que también
escaparon.
El 10 de septiembre, 19 civiles murieron
durante combates entre milicias antibalaka y
fuerzas ex Seleka cerca de la ciudad de
Kouango (distrito de Ouaka), en el sur del
país. Unas 3.500 personas se vieron
obligadas a desplazarse y 13 pueblos fueron
incendiados.
El 16 de septiembre, combatientes ex
Seleka mataron a seis civiles en el pueblo de
Ndomete, cerca de la ciudad de Kaga-
Bandoro (distrito de Nana-Grébizi), en el
norte del país, debido a tensiones entre ese
grupo y las milicias antibalaka.
Entre el 4 y el 8 de octubre, al menos 11
civiles murieron y 14 resultaron heridos en la
capital, Bangui, en ataques de represalia
desencadenados por el asesinato de un ex
coronel del ejército a manos de miembros de
una milicia que operaba desde el enclave
musulmán de la capital conocido como PK5.
El 12 de octubre, al menos 37 civiles
perdieron la vida, 60 resultaron heridos y
más de 20.000 quedaron desplazados
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 369