AMNISTÍA INTERNACIONAL

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Las actuaciones judiciales contra Radomir
Marković, ex director de seguridad nacional,
y tres ex agentes de los servicios de
seguridad por el asesinato del periodista
Slavko Ćuruvija, cometido en abril de 1999,
se estancaron debido a la incomparecencia
de un testigo clave ante el tribunal.
Las asociaciones de periodismo
independientes documentaron decenas de
ataques dirigidos específicamente contra
periodistas, incluidas agresiones físicas y
amenazas de muerte.
DERECHO A LA VIVIENDA
Más de 200 familias habían sido desalojadas
del centro de Belgrado desde que en 2015
comenzaron las obras para dar paso a la
construcción del complejo portuario de
Belgrado. En abril, 30 hombres
enmascarados llevaron a cabo un desalojo
forzoso por la noche y destruyeron
violentamente las casas de los residentes. La
policía local fue avisada pero rehusó
intervenir. El defensor del Pueblo y grupos de
activistas condenaron estos actos y hubo
varias manifestaciones para reclamar
rendición de cuentas a las autoridades
municipales y estatales. Posteriormente, el
ministro del Interior demandó por difamación
a un periódico que había afirmado que él y
su Ministerio eran responsables por no haber
actuado durante las demoliciones. A finales
de noviembre, el tribunal admitió la demanda
y ordenó al periódico que pagara al ministro
300.000 dinares serbios (2.400 euros) en
concepto de indemnización.
Tras su misión a Serbia, la relatora
especial de la ONU sobre el derecho a una
vivienda adecuada destacó la deplorable
situación de las personas —sobre todo
romaníes— que vivían en asentamientos
informales sin acceso a servicios esenciales.
Además de instar a la adopción de una ley
de vivienda que prohibiera los desalojos
forzosos y de pedir el fin de la
discriminación, la relatora recalcó la
necesidad de dar prioridad a resolver el
problema de la inseguridad de tenencia y la
falta de acceso a servicios públicos de las
personas sin domicilio registrado.
Al concluir el año se aprobó un proyecto
de ley que regulaba los desalojos y el
reasentamiento.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
Más de 120.000 personas refugiadas y
migrantes atravesaron Serbia en su viaje
hacia la UE. Este importante descenso
respecto a 2015 se debió en parte al cierre
de las fronteras para las personas migrantes
en situación irregular en el sur y el norte del
país. La negativa de Serbia a proporcionar
camas para acomodar a más de 6.000 dio
lugar a que miles de personas quedaran
atrapadas —en condiciones terribles— en
campamentos improvisados en la frontera
con Hungría, en parques y edificios
abandonados de Belgrado y en otros lugares
repartidos por todo el país. Los grupos de
voluntarios y las organizaciones médicas
informaron de casos de personas refugiadas
y migrantes con infecciones y enfermedades
graves.
En noviembre, el Ministerio de Trabajo y
Empleo, responsable de organizar el
alojamiento y la atención de las personas
refugiadas y migrantes, comunicó a los
grupos que prestaban apoyo que debían
suspender cualquier actividad fuera de los
centros oficiales de acogida, que estaban
saturados y, en la mayoría de los casos, no
reunían las condiciones necesarias para
alojarse en ellos durante un largo periodo.
Muchas personas refugiadas y migrantes
fueron posteriormente desalojadas y
devueltas al sur, donde seguían corriendo
peligro de ser devueltas de forma sumaria e
ilegal a la ex República Yugoslava de
Macedonia y a Bulgaria.
Serbia no proporcionaba acceso a un
proceso de asilo justo e individualizado —
con procedimientos para determinar la
condición de refugiado— a la inmensa
mayoría de las personas solicitantes de asilo
registradas, y se consideraba a sí mismo un
país de tránsito hacia la UE. Las autoridades
serbias responsables del asilo permitieron
390 Informe 2016/17 Amnistía Internacional