AMNISTÍA INTERNACIONAL

de su desembarco, lo que suscitaba la
preocupación de que no se les proporcionara
acceso adecuado al procedimiento de asilo y
fueran expulsadas sin una evaluación
individual de los posibles riesgos de su
retorno, en incumplimiento de la prohibición
de las expulsiones colectivas.
En agosto, las autoridades policiales
italianas y sudanesas firmaron un
memorándum de entendimiento para
reforzar la cooperación en materia de
“gestión de la migración”, aplicando
procedimientos acelerados de repatriación,
entre otras medidas. Aunque este acuerdo
no permitía devolver a Sudán a solicitantes
de asilo, el proceso de identificación que
preveía era tan superficial que podía dar
lugar a la devolución de personas expuestas
a sufrir violaciones de derechos humanos allí,
lo que violaba el principio de no devolución
(non-refoulement).
El 24 de agosto, 40 personas identificadas
en virtud del acuerdo como nacionales
sudaneses fueron devueltas a Sudán. El
grupo, que incluía a personas que habían
huido de la violencia en Darfur antes de
llegar a Italia, fue interrogado a su llegada a
Sudán por el Servicio de Inteligencia y
Seguridad Nacional, organismo sudanés
implicado en graves violaciones de derechos
humanos en el país africano.
El sistema de recepción acogía a más de
176.500 personas al final de año, a la
mayoría en centros de emergencia. La
redistribución de solicitantes de asilo por
todo el país siguió encontrando en algunas
localidades la oposición de sus autoridades y
habitantes. En varias se celebraron
manifestaciones, a menudo organizadas o
respaldadas por grupos ultraderechistas y el
partido Liga Norte.
A mediados de diciembre había alrededor
de 120.000 solicitantes de asilo en Italia,
cifra muy superior a los 83.000 de 2015. Las
personas de nacionalidad nigeriana y
paquistaní constituían los grupos más
numerosos. A lo largo del año recibieron
protección inicial de alguna clase alrededor
del 40% de las personas solicitantes
El programa de reubicación de solicitantes
de asilo en otros países de la UE desde Italia
y Grecia, aprobado por la UE en septiembre
de 2015, no se materializó. De los 40.000
solicitantes de asilo que debían haber sido
reubicados desde Italia, sólo 2.654 fueron
reubicados en otros países. No se reubicó a
ningún menor no acompañado.
Italia autorizó también el acceso por
razones humanitarias de alrededor de 500
personas, cuyo traslado se realizó mediante
un programa financiado por las ONG de
carácter religioso Comunidad de Sant'Egidio
y Confederación de Iglesias Evangélicas en
Italia.
El gobierno no aprobó los decretos
necesarios para abolir el delito de “entrada y
estancia ilegales”, a pesar de que el
Parlamento le había ordenado hacerlo en
abril de 2014.
En diciembre, en la causa Khlaifia and
Others v. Italy, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos consideró que unos
migrantes tunecinos llegados a Italia en 2011
habían sido sometidos a detención arbitraria
y privados de su derecho a un recurso
efectivo para impugnar su detención antes
de su devolución a Túnez.
En noviembre, la fiscalía de Perugia, en
Umbría, acusó a siete agentes de policía, un
juez y tres diplomáticos kazajos de delitos
relacionados con el secuestro y la expulsión
ilegal a Kazajistán de Alma Shalabayeva y
Alua Ablyazova, esposa e hija de seis años de
Mukhtar Ablyazov, político de la oposición
kazaja, en mayo de 2013. En julio de ese
año, el gobierno italiano había anulado la
orden de expulsión con carácter retroactivo,
reconociendo que la devolución de ambas a
Almaty vulneraba el derecho italiano.
DISCRIMINACIÓN: ROMANÍES
Miles de familias romaníes seguían viviendo
en campos segregados. Los campos
exclusivos para romaníes solían ubicarse en
zonas apartadas, lejos de servicios
esenciales. Las condiciones de vida en
muchos campos seguían siendo precarias y a
menudo infringían la normativa nacional
sobre vivienda, además de las normas
258 Informe 2016/17 Amnistía Internacional