AMNISTÍA INTERNACIONAL

investigaciones sobre denuncias de tortura y
homicidios de residentes de Glebelands
cometidos por la policía.
En abril, residentes de Glebelands
remitieron un llamamiento urgente al Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, en el que pedían la intervención
del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en relación con los homicidios
selectivos. El 7 de noviembre, un dirigente
del comité de paz de Glebelands murió por
disparos tras salir del tribunal de primera
instancia de Umlazi. No se practicaron
detenciones.
JUSTICIA INTERNACIONAL
En octubre, el gobierno presentó el
instrumento de retirada de Sudáfrica del
Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional sin consultar al Parlamento. 1 La
retirada surtirá efecto al cabo de un año. Esta
decisión se adoptó después de que la Corte
incoara procedimientos de no cooperación
contra Sudáfrica, cuyas autoridades no
habían ejecutado las órdenes de detención
por genocidio, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra dictadas contra el
presidente de Sudán Omar al Bashir durante
su visita a Sudáfrica en junio de 2015 para
asistir a la cumbre de la Unión Africana. La
decisión siguió también a la desestimación
por el Tribunal Supremo de Apelaciones de
Sudáfrica, el 15 de marzo, de un recurso
contra la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de North Gauteng en 2015, según
la cual la no detención del presidente Al
Bashir violaba la Constitución de Sudáfrica.
Las autoridades del Estado habían permitido
salir de Sudáfrica al presidente Al Bashir,
contraviniendo una orden provisional del
Tribunal Superior de North Gauteng que
ordenaba su permanencia en el país.
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS
EMPRESAS
Nuevas investigaciones concluyeron que la
inacción de la compañía minera Lonmin a
propósito de las condiciones de vivienda en
Marikana había contribuido a los
acontecimientos de agosto de 2012, cuando
la policía mató por disparos a 34 mineros en
huelga. 2 En virtud del Plan Social y Laboral
de 2006, jurídicamente vinculante, Lonmin
había prometido construir 5.500 casas para
los mineros antes de terminar el año 2011.
En 2012 sólo había construido tres. En
agosto de 2016, Lonmin afirmó que
aproximadamente 13.500 de sus 20.000
empleados permanentes seguían
necesitando alojamiento formal. Muchos
mineros continuaban viviendo en
asentamientos informales como Nkaneng
dentro de la zona de concesión de la mina de
Lonmin. Las chozas de Nkaneng no
cumplían los requisitos internacionales más
básicos en cuanto a vivienda adecuada. En
consecuencia, las actividades de Lonmin no
eran compatibles con el derecho a un nivel
de vida adecuado, que incluye una vivienda
adecuada.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REFUGIADAS Y MIGRANTES
La xenofobia y la violencia contra las
personas refugiadas, solicitantes de asilo y
migrantes continuaron, y dieron lugar a
muertes, lesiones y desplazamiento. Muchos
incidentes implicaron el saqueo selectivo de
pequeños negocios propiedad de extranjeros
en las barriadas.
En junio, comercios de barriadas de
Pretoria fueron saqueados y al menos 12
personas refugiadas y migrantes resultaron
heridas de gravedad y cientos se vieron
desplazadas. Unos meses antes, residentes
de Dunoon (provincia del Cabo Occidental)
habían saqueado negocios propiedad de
extranjeros.
En abril se hicieron públicas las
conclusiones de una investigación sobre la
violencia de 2015 contra personas
refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo
en la provincia de KwaZulu-Natal. La
investigación reveló que las tensiones se
debían a la competencia por las escasas
oportunidades de empleo en un contexto de
pobreza y desigualdad socioeconómica.
Entre sus recomendaciones figuraban educar
a los funcionarios públicos en los derechos y
la documentación de personas extranjeras;
412 Informe 2016/17 Amnistía Internacional