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AMNISTÍA INTERNACIONAL

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los siete enjuiciados quedaron en libertad en<br />

julio en virtud de un indulto presidencial. El<br />

séptimo, el activista Dahmane Kerami,<br />

continuó encarcelado cumpliendo una pena<br />

de un año de prisión impuesta en una causa<br />

distinta, en la que había sido declarado<br />

culpable de participar en “concentraciones<br />

no armadas” y de “interrumpir el tráfico”<br />

durante unas protestas pacíficas, convocadas<br />

en Tamanrasset en 2015, en contra de la<br />

extracción de gas de esquisto por<br />

fracturación hidráulica y en favor de los<br />

trabajadores despedidos por una empresa<br />

minera aurífera local. Quedó en libertad el 31<br />

de diciembre, tras haber cumplido la<br />

condena. 2<br />

En marzo, un tribunal condenó al activista<br />

Abdelali Ghellam a un año de prisión y al<br />

pago de una multa tras declararlo culpable<br />

de incitar a participar en una “concentración<br />

no armada” y de “interrumpir el tráfico”. Los<br />

cargos se referían a unos comentarios sobre<br />

la protesta de Tamanrasset que había<br />

publicado en Facebook. Quedó en libertad<br />

en abril.<br />

LIBERTAD DE EXPRESIÓN<br />

Se enjuició a detractores pacíficos de las<br />

autoridades y se obligó a cerrar medios de<br />

comunicación.<br />

En marzo, un tribunal de Tlemcen declaró<br />

culpable de difamación y de “ofender” al<br />

presidente y a un organismo público a la<br />

miembro de la Liga Argelina para la Defensa<br />

de los Derechos Humanos Zoulikha Belarbi y<br />

le impuso una multa. Los cargos se referían a<br />

la publicación en Facebook de un collage<br />

satírico que representaba al presidente<br />

Buteflika y a otras autoridades. En diciembre<br />

se añadieron a su condena seis meses de<br />

prisión en apelación.<br />

En junio, las autoridades detuvieron al<br />

director y al productor del grupo privado de<br />

medios de comunicación Khabar<br />

Broadcasting Corporation, así como a una<br />

funcionaria del Ministerio de Comunicación,<br />

en relación con dos populares programas<br />

satíricos de actualidad. Los tres estuvieron<br />

varias semanas detenidos, hasta que un<br />

tribunal les impuso condenas condicionales<br />

de entre seis meses y un año de prisión por<br />

irregularidades en la licencia. La gendarmería<br />

clausuró los estudios de grabación en julio,<br />

obligando a la suspensión de ambos<br />

programas. 3<br />

En julio, un tribunal condenó al periodista<br />

independiente Mohamed Tamalt a dos años<br />

de prisión tras declararlo culpable de<br />

“ofender” al presidente y a las instituciones<br />

públicas en unos comentarios —publicados<br />

en Facebook y en su blog— sobre corrupción<br />

y nepotismo entre altos cargos. En agosto,<br />

tras una vista en la que el periodista acusó a<br />

los guardias penitenciarios de haberlo<br />

golpeado, un tribunal de apelación confirmó<br />

la condena. Mohamed Tamalt, que había<br />

iniciado una huelga de hambre en el<br />

momento de su detención, en junio, entró en<br />

coma en agosto y murió en el hospital en<br />

diciembre. Las autoridades no investigaron<br />

adecuadamente las presuntas palizas que<br />

había sufrido bajo custodia, el trato que<br />

recibió en prisión ni su muerte. 4<br />

En noviembre, un tribunal de El Bayadh<br />

condenó al periodista y activista de derechos<br />

humanos Hassan Bouras a un año de prisión<br />

por los cargos de complicidad en ofender a<br />

funcionarios del Estado y a un organismo<br />

público después de que una emisora privada<br />

de televisión emitiera una entrevista que<br />

había hecho a tres personas que<br />

denunciaban corrupción policial y judicial. 5<br />

LIBERTAD DE RELIGIÓN O DE<br />

CREENCIAS<br />

Según medios de comunicación y grupos de<br />

la sociedad civil, a partir del mes de junio las<br />

autoridades hostigaron a miembros de la<br />

comunidad musulmana ahmadí, deteniendo<br />

a más de 50 personas en las provincias de<br />

Blida y Skikda, así como en otras partes del<br />

país, a causa de sus creencias religiosas.<br />

Poco después de las detenciones de junio en<br />

Blida, el ministro de Asuntos Religiosos<br />

acusó públicamente a los ahmadíes de<br />

“extremismo” y de servir a intereses<br />

extranjeros. En noviembre, un tribunal de<br />

Skikda impuso a 20 ahmadíes multas y<br />

penas de entre un mes y un año de prisión;<br />

Informe 2016/17 Amnistía Internacional 83

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