AMNISTÍA INTERNACIONAL

inicialmente a muerte en diciembre de 2014
en Nuadibú, tras pasar un año en prisión
preventiva por escribir un blog en el que
criticaba a quienes utilizaban el islam para
fomentar la discriminación contra el grupo
social de los mulamines (herreros) y la
población descendiente de esclavos y griots
(bardos). El Tribunal de Apelación remitió el
caso al Tribunal Supremo.
En julio, Cheij Baye, administrador del sitio
web de noticias Meyadine, fue condenado a
tres años de prisión por utilizar la violencia
contra un cargo público. Cheij Baye había
acusado a un portavoz gubernamental de
mentir y le había arrojado un zapato durante
una rueda de prensa. En agosto, cinco
personas que criticaron la sentencia también
fueron declaradas culpables del mismo
cargo. Tres de ellas fueron condenadas a dos
años de prisión, y a las otras dos les
impusieron condenas condicionales.
Las autoridades continuaron prohibiendo
la inscripción legal en registro de varias ONG
y organizaciones de derechos humanos. Por
ejemplo, la Asociación Mauritana de Viudas,
una organización que pedía la verdad sobre
las ejecuciones sumarias y las
desapariciones que tuvieron lugar en la
década de 1990, llevaba esperando ser
reconocida desde 1993 y había renovado su
solicitud en 2010.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Tras una visita realizada en febrero, el relator
especial de la ONU sobre la tortura acogió
con satisfacción las novedades legislativas,
entre ellas la introducción de una nueva ley
contra la tortura y la creación de un
Mecanismo Nacional de Prevención. El
relator subrayó que el poder judicial debería
intensificar los esfuerzos para aplicar estas
salvaguardias, y destacó la falta de
investigaciones sobre las denuncias de
tortura. También llamó la atención sobre el
uso de centros de detención no oficiales y la
negación de acceso a asistencia letrada
durante periodos de hasta 45 días en casos
de terrorismo.
A mediados de 2016, algunas personas
presas denunciaron haber sufrido torturas y
otros malos tratos bajo custodia policial y a
manos de guardias penitenciarios. Un preso
acusado de un delito de terrorismo declaró
que, tras su detención en marzo, le habían
atado las manos y los pies juntos a la espalda
y lo habían golpeado para obligarlo a
“confesar”.
A los miembros de la Iniciativa por el
Resurgimiento del Movimiento Abolicionista
en Mauritania detenidos en junio y julio los
recluyeron por separado en lugares de
detención no revelados y les negaron el
acceso a sus familias y a abogados. Los
interrogaron de noche, les privaron del sueño
y les negaron el acceso al retrete. Al menos a
cuatro de ellos los ataron de pies y manos en
posturas dolorosas durante horas, y los
colgaron del techo con cuerdas. A otros los
desnudaron, los insultaron y los amenazaron
de muerte. A pesar del nuevo programa del
Mecanismo Nacional de Prevención para
supervisar los centros de detención, a un
miembro del Mecanismo se le negó el acceso
a los integrantes de la Iniciativa por el
Resurgimiento que estaban recluidos en
régimen de incomunicación.
DISCRIMINACIÓN: POBLACIÓN
HARRATÍN Y AFROMAURITANA
El relator especial de la ONU sobre la
extrema pobreza y los derechos humanos,
que visitó Mauritania en abril, destacó la
ausencia sistemática de miembros de la
población harratín y afromauritana de casi
todos los puestos de poder, y su exclusión de
muchas dimensiones de la vida económica y
social, incluida su imposibilidad de conseguir
un documento nacional de identidad. Los
dos grupos sumaban dos tercios de la
población. El relator destacó que, a pesar de
que los derechos económicos, sociales y
culturales estaban enunciados en el
preámbulo de la Constitución, no había
ninguna disposición que los abordara.
También señaló que, en algunas zonas
rurales, solamente el 10% de la población
infantil asistía a la escuela secundaria, y que
la tasa de mortalidad materna seguía siendo
una de las más altas del mundo. Según el
306 Informe 2016/17 Amnistía Internacional