AMNISTÍA INTERNACIONAL

iglesias, escuelas y estaciones de autobús.
Sólo en enero, al menos nueve atentados
suicidas causaron la muerte de 60 civiles. El
10 de febrero, en la ciudad de Nguéchéwé, a
60 km de Maroua, dos mujeres perpetraron
un atentado suicida con explosivos durante
un funeral, en el que murieron al menos 9
civiles, incluido un niño, y resultaron heridas
más de 40 personas. El 19 de febrero, un
atentado suicida con explosivos perpetrado
por dos mujeres mató al menos a 24 civiles e
hirió a otros 112 en un abarrotado mercado
del pueblo de Mémé, cerca de Mora. Los
atentados suicidas que tuvieron lugar el 21
de agosto y el 25 de diciembre causaron la
muerte de un total de 5 personas y dejaron
heridas al menos a 34 en unos mercados de
Mora.
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN ARBITRARIAS
Las fuerzas de seguridad continuaban
deteniendo de forma arbitraria a personas
acusadas de apoyar a Boko Haram, a
menudo sin pruebas o con pruebas muy
endebles, y recluyéndolas en condiciones
inhumanas que, en muchos casos,
amenazaban su vida. Cientos de
sospechosos permanecían recluidos en
centros de detención no oficiales, tales como
bases militares o instalaciones pertenecientes
a los servicios nacionales de inteligencia, sin
acceso a asistencia jurídica ni contacto con
sus familias.
Las fuerzas de seguridad continuaron
realizando operaciones de “acordonamiento
y registro” que dieron lugar a detenciones
masivas.
TORTURA, MUERTES BAJO CUSTODIA Y
DESAPARICIONES FORZADAS
Decenas de hombres, mujeres, niños y niñas
acusados de apoyar a Boko Haram fueron
torturados por miembros del Batallón de
Intervención Rápida (unidad de élite del
ejército) en la base militar conocida como
Salak, cerca de Maroua, y por agentes de la
Dirección General de Investigación Externa
(servicio de inteligencia) en instalaciones
situadas en la capital, Yaundé. Algunos
murieron a consecuencia de la tortura y otros
desaparecieron. 1
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE
ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN
Los defensores y defensoras de los derechos
humanos, incluidos los activistas de la
sociedad civil y los periodistas, seguían
sufriendo intimidaciones, hostigamiento y
amenazas. En respuesta a la restricción de la
libertad de expresión, de asociación y de
reunión pacífica, algunos periodistas
declararon que ejercían la autocensura para
evitar repercusiones por criticar al gobierno,
especialmente en cuestiones de seguridad.
Kah Walla, presidenta del Partido Popular
de Camerún, fue víctima de varias
detenciones arbitrarias. El 8 de abril estuvo
detenida junto con 11 miembros de su
partido en la comisaría de la Policía Judicial
situada en el barrio de Elig-Essono (Yaundé)
bajo la acusación de “insurrección y rebelión
contra el Estado” por protestar pacíficamente
contra el gobierno. El 20 de mayo estuvo
detenida junto con 14 miembros de su
partido en la Dirección para la Vigilancia del
Territorio Nacional situada en Yaundé, bajo la
acusación de “rebelión, incitación a la
insurrección e incitación a la revuelta”. Todos
quedaron en libertad ese mismo día sin
mediar explicación. El 28 de octubre fue
detenida en la sede de su partido, en
Yaundé, y fue recluida en la Jefatura Central
de Policía 1 de Yaundé junto con 50 de sus
simpatizantes cuando se reunieron para orar
por las víctimas del accidente ferroviario de
Eseka. La detención se llevó a cabo sin una
orden judicial. Los detenidos permanecieron
recluidos sin cargos durante más de siete
horas. No les explicaron el motivo de la
detención.
A finales de octubre, profesionales de la
abogacía, estudiantes y docentes de las
regiones camerunesas de habla inglesa se
declararon en huelga contra lo que
consideraban la marginación de la minoría
anglófona. Estallaron protestas en varias
ciudades del suroeste y noroeste del país,
entre ellas Bamenda, Kumba y Buea. Las
fuerzas de seguridad de Camerún detuvieron
130 Informe 2016/17 Amnistía Internacional