AMNISTÍA INTERNACIONAL

judicial. El 14 de junio fue detenido, acusado
de poner en peligro la seguridad del Estado y
de posesión ilegal de armas y municiones de
guerra, y recluido en la prisión principal de la
capital, Brazzaville. Más tarde también fue
acusado formalmente de incitación a alterar
el orden público. Se creía que André Okombi
Salissa había huido del país en junio, tras
irrumpir las fuerzas de seguridad en su
domicilio.
Continuó la reclusión de varias
personalidades políticas destacadas —entre
ellas Paulin Makaya, líder del opositor Unidos
por el Congo, y Okouya Rigobert, del grupo
político Convenio de Acción para la
Democracia y el Desarrollo (CADD)—
detenidas en noviembre de 2015 por
protestar contra la reforma propuesta de la
Constitución. El 25 de julio, Paulin Makaya
fue condenado a dos años de prisión y al
pago de una multa de 3.800 euros por
participar en una protesta no autorizada. El
mismo día presentó un recurso que se
examinó el 6 de diciembre, más de cuatro
meses después, aunque el plazo establecido
por la ley había expirado y se había remitido
un recordatorio a las autoridades
competentes. Su comparecencia se aplazó
dos veces. Al concluir el año no se había
tomado una decisión. Continuaba siendo
preso de conciencia.
La plataforma opositora “Iniciativa por la
Democracia en el Congo-Frente Republicano
por el Respeto del Orden Constitucional y la
Alternancia Democrática” (IDC-FROCAD)
afirmó que 121 personas continuaban
recluidas por motivos políticos en la prisión
principal de Brazzaville.
El 9 de noviembre, las autoridades no
autorizaron la celebración de una sentada
organizada por el movimiento juvenil “Ras-le-
Bol” (Hartos) en Brazzaville. IDC-FROCAD
denunció la prohibición de protestas en
varias ocasiones —generalmente aduciendo
que éstas podían alterar el orden público— y
que los documentos que las prohibían hacían
referencia a la violencia postelectoral de abril
en Brazzaville.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Las fuerzas de seguridad del gobierno
llevaron a cabo ataques aéreos contra zonas
residenciales del departamento de Pool, en el
sudeste del país, el 5 de abril. Se lanzaron
desde helicópteros al menos 30 bombas
sobre zonas residenciales, que también
afectaron a una escuela en la ciudad de
Vindza cuando su objetivo era la antigua
residencia del pastor Frederic Ntumi, líder
del grupo armado los “Ninjas”. Autoridades
de Pool informaron de que hasta 5.000
personas habían quedado desplazadas. Los
ataques aéreos tuvieron lugar después de un
estallido de violencia en Brazzaville —tras
confirmar el Tribunal Constitucional el 4 de
abril los resultados de las elecciones
presidenciales—. Hubo disparos en las
calles; jóvenes levantaron barricadas en el
barrio de Makélékélé, en el sur de la ciudad;
la oficina de un alcalde local y dos comisarías
de policía fueron incendiadas, y hombres
armados atacaron un cuartel del ejército. El
gobierno atribuyó la violencia a los “Ninjas”.
El 29 de abril se realizó una misión
conjunta, integrada por policías, periodistas y
organizaciones de la sociedad civil, para
evaluar la situación de seguridad en Pool e
investigar los bombardeos. Al terminar el año
no se había dado a conocer todavía un
informe oficial.
En septiembre se llevaron a cabo nuevos
ataques aéreos en Pool; la información sobre
los incidentes fue escasa debido a la extrema
dificultad para acceder a la zona, entre otros
motivos por las restricciones impuestas por el
gobierno.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
El 29 de septiembre, miembros de las
fuerzas de la seguridad presidencial
secuestraron en el barrio de Sadelmy,
Brazzaville, a Augustin Kala Kala,
coordinador nacional adjunto de CADD.
Según su testimonio, lo esposaron de manos
y pies, lo sometieron a descargas eléctricas y
lo quemaron en varias ocasiones en la
espalda y las manos con bolsas de plástico.
También lo golpearon con palos y con un
374 Informe 2016/17 Amnistía Internacional