Empleo en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2006-2017

Empleo en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, el desarrollo de una institucionalidad orientada a estos fines
se ve obstaculizado por los bajos niveles de confianza interpersonal que caracterizan a la región
(CEPAL, 2014b, pág. 115). El hecho de que en muchos países una gran mayoría de las personas
perciban una elevada conflictividad “entre ricos y pobres” confirmaría esa desconfianza, que dificultaría
la consecución de acuerdos entre empresarios y trabajadores. La complicada y, en ocasiones,
violenta historia de la relación entre ambos ilustra la magnitud de los retos correspondientes 4 . Por
lo tanto, para poder alcanzar pactos laborales por medio del diálogo social, como la CEPAL (2014b)
ha propuesto —entre otros pactos relevantes para el desarrollo sostenible—, se requieren actitudes
comprometidas con vocación de largo plazo y quizás un procedimiento gradual que, a partir de
acuerdos sobre aspectos menos controvertidos, genere la confianza necesaria para avanzar hacia
temas más complejos.
Muchas de las políticas encaminadas a facilitar la superación de los cuatros obstáculos
para el acceso al empleo de calidad incluyen entre sus objetivos enfrentar y reducir los elevados
niveles de desigualad que caracterizan a los mercados laborales de la región. Al respeto se pueden
destacar los siguientes lineamientos:
• Las reformas en materia de educación tienen que aspirar a reducir la segmentación de los
sistemas educativos que tienden a perpetuar la desigualdad condicionando las opciones
educativas, en gran parte por el trasfondo familiar (Poggi, 2014).
• Unos sistemas de información laboral efectivos ayudarían a reducir las brechas de
oportunidades que se generan por la distribución desigual del capital social.
• Las políticas activas del mercado de trabajo tienen que asumir un enfoque de género en
virtud del cual se tomen en cuenta las desventajas y necesidades específicas de las mujeres
para la inserción laboral (división del trabajo por género, capacitación e información).
• Los programas de apoyo a la inserción laboral de grupos vulnerables contribuyen a reducir
las brechas existentes en el acceso al empleo de calidad (Weller, 2009).
• Las políticas contra la discriminación son clave para reducir las brechas de la calidad del
empleo por género y etnia.
• La ampliación e implementación de los derechos laborales (como la sindicalización y la
negociación colectiva) potenciarían el impacto distributivo de la institucionalidad laboral 5 .
• La formalización empresarial y laboral beneficia, sobre todo, a los trabajadores de niveles
educativos medio y bajo, por lo que los avances en esta área tendrían un impacto distributivo
positivo.
• Una adecuada política de salarios mínimos favorece a los trabajadores de menores ingresos
y puede contribuir a reducir la desigualdad (CEPAL, 2014b).
Por otra parte, tal como se constató en la introducción a este capítulo, la sostenibilidad
social no solo depende de la inserción al mercado laboral por medio del acceso a empleos de
calidad, sino también de la política social, cuyos recursos se obtienen mediante la política fiscal.
Como se discutió en los capítulos previos, esta política es clave para la sostenibilidad económica
del crecimiento, tanto en el corto como en el largo plazo. Sin embargo, las funciones de la política
fiscal para la sostenibilidad económica y social están estrechamente vinculadas. Por un lado, las
medidas orientadas a fomentar el crecimiento económico en el largo plazo por medio de la provisión
de bienes públicos inciden en la productividad de los trabajadores pobres, por lo que tienen grandes
4
Cazes y Verick (2013, pág. 83) subrayan que la falta de confianza es un obstáculo importante para el diálogo social,
sobre todo en países en desarrollo.
5
En contraste con lo observado en otras regiones, en OIT/IIEL (2008, pág. 87) no se constata un efecto distributivo
positivo por una mayor sindicalización. La causa de esta irregularidad podría ser que en la región la sindicalización se
concentra en el sector público y en actividades con remuneraciones relativamente elevadas (por ejemplo, la minería). Al
extenderse la cobertura de sindicalización probablemente se impondría el efecto igualador que suele estar asociado a
mayores niveles de organización sindical.