Magdalena Medio Santandereano - Movimiento de Víctimas de ...

Algunos días más tarde, el 30 de julio, el lustrabotas MIGUEL ANGEL FELISOLA LOPEZ,
de 32 años, fue asesinado de 9 impactos de bala en circunstancias desconocidas; sin
embargo, las autoridades militares sindicaron del hecho a presuntos guerrilleros.
La profesora Ana Sofía Reyes Gómez, de la escuela rural de la vereda La Fortuna en la
región de El Toboso, denunció que el 25 de octubre de 1991, en horas de la madrugada
llegaron tropas militares con tanques de guerra y bombardearon la zona; luego, algunos
militares se acantonaron en la escuela y en la casa de la profesora. Las personas que
vivían por allí tuvieron que salir hacia el monte 140 . Estos combates se prolongaron varios
días hasta que el ejército se retiró y la escuela quedó semidestruida. La situación para los
maestros cada vez era más crítica, generalmente debieron trasladarse provisionalmente a
otros lugares, pero cuando las amenazas seguían debían suspender las actividades
escolares o abandonar definitivamente la región.
La Secretaría de Educación, mediante una Comisión conformada por el Ministerio de
Educación, el Magisterio y la Procuraduría verificó cada caso y los valoraba, pero en este
procedimiento no se recurrió a fuentes directas y confiables, por lo que en muchos casos
injustamente se determinó que no había peligro inminente en volver a las actividades
escolares; bajo estas razones, la Secretaría de Educación les advirtió a los maestros que
si no se presentaban a trabajar los declararía insubsistentes y les adelantaría procesos
disciplinarios ya que para ellos los enfrentamientos eran una situación transitoria. El
Presidente de la Corporación de Derechos Humanos, Ángel Álvarez, el 15 de noviembre
de 1991, solicitó a la Personería Municipal que se congelara la decisión de que más de 40
profesores de El Carmen y San Vicente retornaran a sus escuelas a más tardar el 30 de
noviembre para segur con sus actividades, debido a las constantes amenazas y la
persecución que habían venido soportando. 141 Sin embargo, los educadores fueron
acusados de prestar la escuela para las reuniones de la guerrilla y de ser favorecidos por
ella cuando viajaban a El Carmen a cobrar el sueldo.
Los maestros explicaron que recibían amenazas de todos los mandos armados; debido a
la expresión de las injusticias a las que estaban siendo sometidos, el número de
profesores victimizados en el segundo semestre de 1991 aumentó en toda la región
chucureña: PEDRO ELIAS GRASS APARICIO, LILIA PEDRAZA RUEDA, DIOSELINA
SANDOVAL DELGADO, MARIA EUGENIA CHAPARRO BELLESTEROS, MYRIAM
MONTES RUBIANO, IRMA ACEROS BARBOSAS, DEYSI TORRES MOTTA y ANTONIO
MARIA VILLAMIZAR ROJAS 142 fueron intimidados por los agentes paraestatales, por lo
que el 13 de julio de 1992 se suspendieron definitivamente las actividades escolares y los
educadores tuvieron que abandonar la zona.
Desde noviembre de 1991, se registraron en el casco urbano de San Vicente patrullajes
conjuntos ejército-paramilitares, cuyos rasgos característicos fueron: amenazas a la
140 Testimonio dado a la Comisión de Justicia y Paz, en Base de Datos Santander.
141 Corporación de Derechos Humanos de San Vicente de Chucurí. Derecho de petición la ante la
Personería Municipal de San Vicente de Chucurí. Noviembre 15 de 1991.
142 Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Bogotá junio 20 de 1995.
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